Italia fue el primer país en implementar la figura, tras el asesinato del emblemático juez Giovanni Falcone
Seamos claros. La ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa es un desafío de la delincuencia organizada al Estado mexicano. Ni más, ni menos.
Ahora, el gobierno de México deberá trabajar con suma eficacia y a toda prisa no sólo para esclarecer, sino capturar a los responsables intelectuales y materiales de esa ejecución. No hacerlo enviará un pésimo mensaje a los mexicanos, a la comunidad internacional y muy claro a la delincuencia organizada, ensoberbecida por la política de abrazos, no balazos.
Y cómo no, si Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, le puso la bota en el cuello a la 4T el 17 de octubre de 2019, en Culiacán. Que no se nos olvide.
Acusar a los narcos con sus abuelas y las cortesías de Andrés Manuel LópezObrador con la madre de Joaquín Guzmán Loera, ya tuvieron consecuencias.
A principios de los años 90, Italia fue el primer país del mundo en implementar la figura de jueces sin rostro, tras el asesinato del emblemático juez GiovanniFalcone, el 23 de mayo de 1992, quien encarceló a 500 miembros de la Cosa Nostra.
La mafia italiana ya había asesinado a 24 jueces en casi tres décadas.
Casi al mismo tiempo (1991), Colombia dio la misma respuesta al narcoterrorismo implantado por la sanguinaria mente criminal de Pablo Escobar Gaviria. Se reservó la identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia. El programa terminó en 2000.
Perú, en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, también recurrió a los Tribunales sin rostro para enjuiciar a los terroristas de Sendero Luminoso y a miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyos atentados mataron al menos 70 mil personas.
A finales del siglo 20, los jueces sin rostro abrieron un debate mundial que no ha concluido.
En México, la idea tiene ya algunos años. Tomó fuerza en 2016 por el asesinato del juez federal Antonio Bermúdez, quien tuvo en sus manos juicios de narcotraficantes como Abigael González, El Cuini, y Miguel Ángel Treviño, El Zeta 40.
El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, se mostraron a favor.
Otros especialistas opinaron que primero debía terminarse con la corrupción antes de pensar en los jueces sin rostro.
La hoja de servicio de Uriel Villegas Ortiz es impecable. Fue un juez valiente y honesto. Él y su esposa pagaron el precio de haber hecho bien su trabajo.
Fueron acribillados a tiros delante de sus hijas de siete y tres años.
Un crimen así de cruel, a sangre fría, con las consecuencias de por vida para dos niñas, amerita una reacción implacable, contundente del EstadoMexicano. La pregunta es si llegará.