El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso un freno determinante a las aspiraciones de diversas organizaciones que buscaban constituirse como partidos políticos nacionales, entre ellas, “Que siga la democracia”. Tras una exhaustiva fiscalización, el órgano electoral detectó múltiples anomalías que violan los principios electorales estipulados, lo que derivó en la negativa de registro. Ante tal resolución, la organización afectada prepara una batalla legal para revertir el fallo en las máximas instancias judiciales en materia electoral.
Anomalías detectadas
De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, desde el el mes de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), les informó sobre la detección de una red de irregularidades financieras y operativas. La organización considerada como un “satélite” de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidida por el exmorenista Édgar Garza, está señalada de falsificar los documentos de sus afiliados y de recibir depósitos -en efectivo y especie- por parte de empresas sancionadas por la autoridad fiscal, lo cual tampoco es permitido por la Ley Electoral.
De igual forma, durante el fallo para decidir si era reconocido como partido político -con siete votos en contra de 11 probables-, la consejera electoral, Frida Gómez Puga, recordó que dicha organización fue multada por el Tribunal Electoral en 2023 por haber presentado firmas de personas fallecidas para solicitar el proceso de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La batalla legal
Pese a los señalamientos, la organización afectada, manifestó su rechazo absoluto a la resolución del INE y calificaron la decisión como desproporcionada y contraria a los derechos de asociación de sus simpatizantes. Por ello, anunció formalmente que presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los representantes legales argumentarán que el instituto no valoró adecuadamente las pruebas presentadas y que se violentaron sus derechos políticos.
Con este movimiento, la moneda queda en el aire, trasladando la responsabilidad definitiva a la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán la última palabra para ratificar el veto u ordenar que se les devuelva el registro. Mientras tanto mantendrá sus actividades internas y de trabajo territorial de cara al proceso electoral de 2027.
