En el engranaje institucional del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se erige como el tribunal constitucional de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial de la Federación.
Su función no es únicamente resolver litigios jurídicos entre particulares, sino garantizar la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía frente a cualquier acto de autoridad.
Funciones clave de la corte
El organismo opera como el intérprete final de la Carta Magna que rige a los mexicanos. Entre sus responsabilidades y competencias principales destacan:
- Garantizar la constitucionalidad de las leyes. Determina si una norma expedida por el Congreso o las legislaturas locales vulnera los principios fijados en la Constitución o en tratados internacionales.
- Arbitrar conflictos de competencias. Resuelve controversias entre los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) o entre niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
- Proteger los derechos fundamentales. Fija los criterios jurisprudenciales que obligan a todos los juzgados del país a fallar respetando las garantías individuales.
Integración y nuevo modelo de elección
Tras la implementación de las reformas constitucionales al Poder Judicial, el perfil de designación del máximo tribunal experimentó una transformación estructural histórica:
Integración
- Composición. Se reestructuró para ser integrada por nueve personas ministras, anteriormente eran 11.
- Funcionamiento. Se eliminó el trabajo dividido en la primera y segunda salas, para concentrar la actividad de impartición de justicia exclusivamente en el Pleno, mediante sesiones públicas.
Proceso de Elección
Anteriormente, el titular del Ejecutivo enviaba directamente una terna y el Senado de la República elegía al candidato idóneo por mayoría calificada, actualmente la elección es por voto popular directo con el siguiente proceso:
- Postulación de candidaturas. Los tres Poderes de la Unión proponen de forma paritaria a las personas candidatas que cumplan con ciertos requisitos legales y profesionales.
- Campañas e imparcialidad. Se prohíbe el uso de financiamiento público o privado para precampañas, garantizando tiempos equitativos de difusión oficial.
- Jornada electoral. A través del voto ciudadano se elegirá de manera directa a los integrantes de la SCJN.
Actualmente, estos son los nueve ministros que conforman la SPCJ:
– Hugo Aguilar Ortiz – Presidente de la SCJN.
– Lenia Batres Guadarrama.
– Yasmín Esquivel Mossa.
– Loretta Ortiz Ahlf.
– María Estela Ríos González.
– Sara Irene Herrerías Guerra.
– Giovanni Azael Figueroa Mejía.
– Arístides Rodrigo Guerrero García.
– Irving Espinosa Betanzos.
¿Cómo llega un asunto hasta el Pleno?
No todos los juicios de un ciudadano común y corriente llegue a la mesa de la Suprema Corte. Existen dos vías para que un expediente sea discutido en el Pleno:
Vía Directa (competencia exclusiva). Juicios que nacen y se tramitan directamente ante la Corte por:
- Acciones de Inconstitucionalidad. Promovidas por minorías parlamentarias, partidos políticos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar una ley aprobada que contravenga la Constitución.
- Controversias Constitucionales. Promovidas cuando un poder u orden de gobierno considera que otro invadió su esfera de atribuciones legales.
Vía Excepcional (atracción y revisión). Puede realizarse de dos maneras:
- Amparo Directo en Revisión. Casos radicados originalmente en tribunales colegiados o juzgados federales pueden escalar hasta la SCJN únicamente si conllevan un debate novedoso sobre la interpretación de una norma constitucional o un derecho humano no resuelto previamente.
- Facultad de Atracción. La Corte puede solicitar un expediente de cualquier tribunal del país si considera que el tema posee un “interés y trascendencia jurídico-social” de alcance nacional.
Más allá de resolver un expediente particular, el impacto directo de la Suprema Corte en la vida cotidiana de la ciudadanía radica en su facultad para generar jurisprudencia, es decir, el criterio o interpretación del significado de las leyes, lo que garantiza que las sentencias no se queden en el papel, sino que se conviertan en estándares normativos de aplicación uniforme para la protección de la sociedad en todo el territorio nacional.
