Licenciada en derecho y maestra en derecho penal por la Universidad Humanitas, además de contar con estudios en gestión pública y administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y en estudios de la ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su formación incluye más de una decena de diplomados y cursos especializados en derecho urbanístico, electoral, parlamentario y seguridad pública.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos en el Congreso de la Unión y el Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo su labor como diputada federal en la LVII Legislatura, asesora en distintas comisiones legislativas y directora en áreas jurídicas y de transporte. Desde el ámbito gubernamental y académico, ha participado en la elaboración de iniciativas de ley, reglamentos y políticas públicas orientadas a la regulación del desarrollo urbano, el acceso a la vivienda y la simplificación de trámites administrativos.

Su trabajo ha destacado en la defensa del derecho a la ciudad y la gestión de espacios públicos, impulsando reformas en materia de vivienda y normatividad urbana. Como autora y articulista, ha publicado libros y artículos académicos sobre urbanización, gentrificación y justicia social. Ha sido reconocida con el Premio Mexicano de Sociología por su investigación sobre el impacto de la gentrificación en la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria, ha impartido conferencias y cursos en instituciones académicas de México, Argentina y España, contribuyendo con su experiencia en la promoción de políticas urbanas inclusivas y el fortalecimiento del marco legal en materia de desarrollo y gestión pública.

Principales propuestas

Propuesta 1:

Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.

Propuesta 2:

Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. Articular en el Poder Judicial instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible. En las sentencias, privilegiar el fondo sobre la forma.

Propuesta 3:

Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Apego a la obligación de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite constitucional. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.