La redada del silencio, el sistema migratorio de EU traiciona su propia legalidad

Ciudad de México 6 junio 2025.- Más de 2,200 personas arrestadas en un solo día. No es el titular de una operación militar ni el resultado de una redada contra el crimen organizado. Es la cifra récord de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en lo que ya se perfila como la mayor operación de captura migratoria en la historia reciente del país.
Detrás de esa estadística se esconden rostros, familias, promesas rotas y un sistema que, una vez más, demuestra que la legalidad puede manipularse cuando el objetivo es el miedo.
En el relato oficial, se trató de una acción “legal” dirigida contra personas con órdenes finales de deportación. Pero el testimonio de abogados y organizaciones civiles desmiente esa narrativa. Migrantes sin antecedentes penales, con solicitudes de asilo pendientes o incluso en programas de monitoreo alternativo fueron detenidos de forma sorpresiva y, en muchos casos, sin el debido proceso garantizado por la misma ley estadounidense. Detenidos mientras acudían a sus citas programadas. Arrestados delante de sus hijos. Encadenados como criminales.
Tan ilegal todo que hoy mismo se difundió un video donde se observa a oficiales operando desde una camioneta con placas mexicanas del estado de Tamaulipas. El hecho fue captado en un vecindario de Washington, donde testigos documentaron la presencia de una Jeep Laredo 4×4 blanca, con matrícula XHA-77-50, realizando acciones propias de un operativo migratorio.
En otro hecho reprobable, un grupo de aproximadamente 12 migrantes fue detenido en Chicago por agentes del ICE la tarde de este miércoles 4 de junio, cuando acudía a una cita rutinaria como parte del Programa de Comparecencia y Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés).
Según activistas y testigos, los migrantes habían sido convocados a las oficinas de ICE ubicadas en el 2245 de South Michigan Avenue, en el distrito de South Loop. Este programa, orientado a personas que buscan regularizar su estatus migratorio, fue usado como señuelo para ejecutar las detenciones. La mayoría llegó acompañada de familiares, abogados y defensores de derechos humanos, intentando evitar una deportación arbitraria. Sin embargo, al llegar, agentes de ICE les impidieron el acceso al edificio sin explicar los motivos de su detención, dejando en la incertidumbre incluso a sus propios abogados.
Seguramente son apenas unas de muchas pruebas que reflejan la forma en que se vulnera el sentido mismo de justicia migratoria. El Programa de Alternativas a la Detención (ATD), concebido para gestionar casos de bajo riesgo sin recurrir al encierro, ha sido convertido en una trampa.
Con un 98.5% de cumplimiento en las citas por parte de sus inscritos, este programa demostraba que la dignidad y la eficacia no son incompatibles. Su desmantelamiento en la práctica revela que el objetivo no es la justicia, sino la intimidación.
No es coincidencia que esta operación se inscriba en la agenda ideológica de la administración Trump, que ha hecho de la deportación masiva una bandera electoral. La retórica de “los peores de los peores” encubre una lógica de exclusión sistemática que criminaliza la pobreza, la desesperación y la esperanza de quienes huyen de la violencia o buscan una vida mejor.
No estamos ante la aplicación rigurosa de la ley, sino ante una campaña de terror burocrático con tintes autoritarios, en la que se detiene primero y se pregunta después.
El saldo de esta redada no se mide únicamente en cifras, sino en el terror sembrado en comunidades enteras, en la erosión de la confianza en las instituciones y en la pérdida de legitimidad de un sistema que dice defender la ley, pero vulnera sus propios principios. Mientras no se apueste por una reforma migratoria integral, respetuosa de los derechos humanos y basada en evidencia —no en propaganda electoral—, la historia seguirá repitiéndose: más redadas, más dolor, menos justicia.
Hoy fueron 2,200. Mañana, ¿cuántos más?
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