En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR presentó este martes el reporte del monitoreo de protección en México 2024 “Tendencias y desafíos del desplazamiento forzado en México”, realizado en 19 ciudades.
En 2024, ACNUR encuestó a más de 14 mil personas que ingresaron de forma irregular a México, de las cuales, 41 por ciento señaló que México era su destino final, frente al 26 por ciento registrado en 2023.
Por primera vez, las mujeres representaron la mayoría de la población encuestada, con 55 por ciento del total, mientras que los hombres constituyeron 45 por ciento. Además, 55 por ciento de las personas viajaban en grupo familiar y 45 por ciento lo hacía de forma individual. Un tercio de la población encuestada eran niñas, niños o adolescentes, lo que indica un desplazamiento más amplio de núcleos familiares completos.
En cuanto a las causas de salida de países de origen, 53 por ciento mencionó haber sido víctima directa de violencia, amenazas o intimidación; 43 por ciento expresó temor ante la situación general de inseguridad y 37 por ciento señaló falta de empleo o bajos ingresos como motivo principal. Estas cifras son consistentes con las de 2023, lo que confirma la persistencia del desplazamiento forzado en la región.
Además, 76 por ciento de las personas encuestadas afirmó que enfrentaría un riesgo significativo si regresara a su país de origen. Este dato sugiere que una proporción considerable podría ser reconocida como refugiada bajo el sistema de asilo mexicano.
A nivel nacional, 40 por ciento de las personas refugiadas y migrantes encuestadas reportó haber sufrido algún incidente, porcentaje que se eleva al 64 por ciento en el norte del país, siendo el robo, la extorsión, las amenazas físicas y el secuestro los delitos más comunes.
Finalmente, el reporte del monitoreo destaca que 83 por ciento de la población encuestada no contaba con ningún tipo de documentación emitida por autoridades mexicanas, frente al 31 por ciento registrado en 2023. La falta de documentación limita el acceso a derechos y servicios básicos y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de regularización y protección.