Aprueban iniciativa para incluir educación socioemocional en escuelas y prevenir violencia infantil

Con 46 votos a favor, la Comisión de Salud aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada federal Mónica Sandoval Hernández para incorporar programas de educación socioemocional en entornos escolares y familiares, como estrategia para prevenir, contener y erradicar la violencia infantil desde un enfoque integral de salud pública.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria de dicha comisión, la legisladora priista destacó que esta propuesta responde a la necesidad urgente de atender los efectos emocionales y psicológicos que afectan a niñas, niños y adolescentes, particularmente tras los estragos de la pandemia.

“Hoy inicia un nuevo camino en la promoción de la salud”, expresó Sandoval al subrayar que la propuesta busca construir herramientas desde edades tempranas para atender fenómenos como el maltrato, el acoso y los trastornos emocionales con base en una visión preventiva y comunitaria.

Datos que sustentan la urgencia

• En México, 3.6 millones de adultos padecen algún tipo de trastorno emocional, de los cuales el 1% corresponde a casos severos, según datos de la UNAM (enero 2024).
• Dichos trastornos se caracterizan por síntomas como tristeza persistente, alteraciones en el sueño y el apetito, y, en casos graves, incapacidad funcional y manifestaciones somáticas.
• El impacto en la juventud ha sido especialmente severo, con un aumento en los indicadores de suicidio tras la pandemia.
• En 2023, se destinaron 3 mil 819 millones de pesos a la atención de trastornos emocionales, una cifra que representa apenas 1.3% del gasto total en salud, muy por debajo del 5% recomendado por la OMS y la OCDE.

La iniciativa contempla la modificación del Artículo 65 de la Ley General de Salud, para incorporar una nueva fracción que obligue a las autoridades sanitarias, educativas y laborales a implementar:

“Programas de educación socioemocional dirigidos a la prevención, contención y erradicación de la violencia, a niñas, niños, adolescentes, tutores y padres de familia…”

El texto se alinea con los principios establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con el Artículo 4º de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho a la protección de la salud.

Se establece un plazo de 180 días para la entrada en operación de la reforma una vez publicada, permitiendo a las instituciones correspondientes adecuar lineamientos, presupuestos y estrategias para su implementación.