GENTE DETRÁS DEL DINERO

Anticorrupción: La insoportable levedad del sobreprecio

No se trata de la Praga bajo ocupación soviética, es el ISSSTE durante la 4T. La dirección de Administración y Finanzas, encabezada por Omar Butrón Fosado, decidió que las reglas no aplican… cuando menos en el jugoso contrato de la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025 para servicios de sanitización que aquí se ha expuesto anteriormente.

Aunque el Órgano Interno de Control (OIC) a cargo de Janet Citlali Ramírez Estela y la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, indicaron que repusiera el fallo y evaluaran la oferta más baja (porque, sorpresa, es lo que marca la ley), el ISSSTE prefirió repetir la jugada con más descaro que creatividad: insistir en asignarle el contrato de más de 700 millones de pesos a Ocram Sayer–Wilk, aunque fuera 23.6% más caro. Total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿La secretaria Buenrostro? ¿la auditoraRamírez Estela? ¿El sentido común?

Así, con la liviandad propia de Tomas, el personaje central de la laureada novela de Milan Kundera.

Lo más fino del asunto es la “insoportable levedad de la insolvencia”. En la reposición del fallo el argumento para desechar otra vez la oferta más barata fue que era “insolvente”, un término que no aparece en las bases del concurso, ni en la Ley de Adquisiciones para el momento de los concursos, ni en el diccionario legal, pero sí en el manual de pretextos creativos del jefe de Servicios Generales de la subdirección de infraestructura de ese Instituto, Manuel Alejandro Torres Silva.

El OIC ya había dicho que ese pretexto era ilegal. ¿Y qué hizo el ISSSTE? Lo repitió. Exactamente igual. Como quien entrega la misma tarea plagiada, pero con distinta fuente.

Gracias a esta reinterpretación surrealista de las licitaciones públicas, los mexicanos pagaremos 100 millones de pesos anuales  más por limpiar hospitales, aunque el proceso haya sido sucio. Por ello ahora el ISSSTE enfrenta un nuevo “Incidente de Proceso”.

Ya ni es burla, es costumbre. Falta ver si Raquel Buenrostro y su equipo dejan que sus auditorías terminen, otra vez, en una suerte de Teresa que permanece estoica ante las aventuras de Tomas con Sabina.

Porque sí, en el ISSSTE, hasta los expedientes chungos viene con servicio de desinfección… pero premium.

Alto a los celulares en los salones de clase

Usted ha visto a cientos de personas absortas en las pantallas de sus teléfonos móviles, especialmente jóvenes, “nativos digitales” para quienes el Internet fijo/móvil es componente central de su cultura y trabajo. Su fijación en los celulares no vino de la nada, se aprendió hace un par de décadas en el trabajo, en el hogar y en las escuelas. Magníficas herramientas, pero en términos educativos, el abuso de dispositivos móviles provocó resultados desastrosos… y de ahí las iniciativas de la diputada capitalina Laura Álvarez de legislar para prohibir esos equipos en aulas de primarias y secundarias de la CDMX.

De hecho, esta semana, la legisladora por el Partido Acción Nacional en la Alcaldía Miguel Hidalgo inició la campaña de recolección de firmas “Niños libres de celulares en escuelas”, que convoca a padres de familia, maestros y sociedad en general impulsar sus dos iniciativas para reformar la Ley de Educación de la CDMX. Una para prohibir el uso de teléfonos celulares en horarios de clase en escuelas, permitiendo su uso exclusivo con fines pedagógicos y regulado por la escuela; dos, tipificar el acoso digital o grooming y establecer “sanciones contundentes” contra adultos que lo practiquen.

La recolección de apoyo ciudadano da continuidad práctica al “Foro Internacional: Niños libres de celulares en las escuelas” celebrado hace dos semanas donde los expertos internacionales y nacionales, como Denisse Meade, revelaron que los niños tardan hasta 20 minutos en recuperar la atención luego de recibir una notificación en sus redes sociales; que 4 de cada 10 menores se contactan con adultos desconocidos; 25% de ellos son o han sido objeto de bullying digital y al 15% les han pedido compartir imágenes sexuales.

Con más de 153 millones de líneas celulares activas en México, la legislación y la educación son andamiajes clave para que los Smart Phones sea aliados y no enemigos.

Otra de bancos

Desde hace más de 30 años, el empresario Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, quien fuera consejero del área metropolitana de Bancomer, hoy BBVA dirigido por Eduardo Osuna, mantiene una inversión patrimonial por más de 9 millones de acciones, adquiridas entre 1993 y 1994 bajo el contrato de intermediación bursátil número 800285-0, firmado por ambas partes.

Fuentes Hinojosa comenta qué en el último encuentro sostenido con ejecutivos del banco, se comprometieron a entregar un dictamen institucional para dirimir la situación. Esto después de que el inversionista, a diferencia del banco, presentó todos los documentos probatorios de su propiedad así como un requerimiento notarial.

No es cosa menor: un dictamen pericial estima que el valor actual de la inversión, incluyendo dividendos e intereses, supera por mucho los 6 mil millones de pesos. Ante estos volúmenes, es válido preguntar como pudo BBVA ignorar una situación que involucra millones de acciones.  

Lo más delicado del asunto es que el inversionista nunca instruyó la venta de las acciones, ni ha recibido un solo peso por ellas. Así que el caso se turnó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Jesús de la Fuente y a la CONDUSEF, a cargo de Oscar Rosado, con la confianza de que su intervención será clave para resolverlo.

Coparmex: se lleva Pemex a empresas

No es la primera alerta. Ahora las luces rojas las prende la Confederación Patronal de la República Mexicana que encabeza Juan José Sierra ante el impago de 21.3 mil millones de pesos de los adeudos que Pemex tiene con sus proveedores. Si bien ha pagado el 20% de esas deuda, señala la Coparmex, la enorme deuda amenaza con quebrar a miles de empresas en Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Irapuato y Tamaulipas… situación que se agrava por los 101 mil millones de dólares de deuda financiera de la paraestatal a cargo de Víctor Rodríguez.

La Coparmex, como ya lo ha hecho Canacintra y Concanaco, reclama un calendario público, claro y verificable de pagos y rechaza los “moches” que suelen pedir personeros de la petrolera para “liberarles los pagos”.

@mfloresarellano

floresarellanomauricio@gmail.com