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Un muro de $250 dólares, el nuevo cobro de visa de Trump
Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 17 Julio 2025.- Estados Unidos se prepara para recibir a millones de visitantes durante el Mundial de la FIFA en 2026, pero el mensaje de bienvenida no podría ser más contradictorio. Bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, la administración del presidente Donald Trump —de vuelta con propuestas de línea dura mientras calienta su posible retorno— ha impulsado un nuevo cargo migratorio que podría transformar el acto de solicitar una visa en un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo.
Aunque la medida parece estar enfocada únicamente en turistas o estudiantes, el impacto sobre la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos es directo y profundo. La vida cotidiana de los más de 36 millones de personas de origen mexicano en EU. depende, en gran parte, de la posibilidad de mantener lazos con sus familias al sur de la frontera. Esto incluye recibir a familiares en visitas, apoyar a hijos o padres en trámites de estudios, atender situaciones familiares urgentes o incluso regresar temporalmente sin temor a quedar atrapados por la burocracia consular.
La propuesta, conocida como «Visa Integrity Fee», añadiría 250 dólares adicionales al costo de las visas de no inmigrante, como las de turismo (B2), negocios (B1) o estudios. De aprobarse, una solicitud de visa pasaría de 185 a 435 dólares, es decir, más de 8 mil pesos mexicanos, un aumento del 135%. La medida podría entrar en vigor en 2026, coincidiendo simbólicamente —o quizás estratégicamente— con la llegada masiva de turistas por el Mundial, en un gesto que mezcla paranoia con oportunismo recaudatorio.
La administración argumenta que este nuevo pago servirá para “modernizar procesos de verificación” y reforzar la tecnología de seguridad en los puertos de entrada. En otras palabras: más control, más filtros, más vigilancia… y más obstáculos.
Pero más allá del tecnicismo, este tipo de iniciativas revela una tendencia peligrosa en la política migratoria estadounidense: la normalización de la exclusión mediante mecanismos legales y económicos. Lo que antes se hacía con muros físicos, ahora se impone con cobros disfrazados de eficiencia.
No es casual que los primeros en alzar la voz hayan sido organismos de derechos humanos y defensores de la movilidad internacional. Como ha denunciado Carmen Aguilar, de Human Mobility Watch, se trata de “una forma de exclusión disfrazada de política de seguridad”, que castiga a quienes hacen las cosas legalmente. Mientras Estados Unidos se jacta de promover “vías legales” para migrar o visitar el país, multiplica los obstáculos para acceder a ellas.
Este nuevo cobro afectará principalmente a los ciudadanos de países en desarrollo, para quienes el trámite de visa ya es de por sí un proceso largo, costoso y desigual. En naciones como México, Honduras o Colombia, 435 dólares pueden representar el salario de varias semanas, o el ahorro familiar de todo un mes. No es un filtro técnico: es una barrera de clase.
La narrativa oficial habla de prevenir riesgos, pero en el fondo esta propuesta revela una intención clara: seleccionar al visitante por su poder adquisitivo. Se trata, al final, de un mecanismo de “perfilado económico” que decide quién merece entrar y quién no, según su capacidad de pagar un peaje migratorio cada vez más alto.
Esto contradice incluso los intereses económicos de sectores clave de EU, como el turismo y la educación superior, que se verán directamente afectados si cae la demanda de visas por el alza en los costos. Universidades que dependen de estudiantes extranjeros y ciudades que viven del turismo podrían perder miles de millones en ingresos.
Además, esta propuesta pone en entredicho los compromisos internacionales de Estados Unidos en materia de movilidad, integración regional y cooperación multilateral. En lugar de promover la interdependencia hemisférica, se impulsa una política migratoria de cerrojo y desconfianza.

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