Casi 70% de quienes buscan empleo por medios electrónicos son engañados o víctimas de un delito, afirma la diputada Socorro Jasso

La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa que propone una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad del daño, a quien ofrezca empleo de manera fraudulenta a través de páginas de internet, redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea o cualquier otro medio electrónico.

Recordó uno de los casos más estremecedores y recientes, el centro de exterminio en el Rancho “Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco, en donde autoridades encontraron más de 493 objetos personales, acompañado de hornos crematorios artesanales, donde se presume incineraban cuerpos.

“De acuerdo con testimonios recabados y reportes periodísticos, muchas de las víctimas habrían sido atraídas al rancho mediante falsas ofertas laborales, prometiéndoles trabajo bien remunerado en actividades agrícolas o de seguridad”, subrayó la congresista.

En sus consideraciones contempla que, según la firma OCC Mundial especializada en capital humano laboral, en su reporte Termómetro Laboral, menciona que 69 de cada 100 personas en México, encuentran vacantes fraudulentas hasta dos veces por semana.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que en los últimos años, la tecnología ha evolucionado y la información se ha transformado en las dinámicas del mercado laboral, aprovechado por actores mal intencionados para efectuar fraude laboral, engaños, extorsiones, robo de datos personales y delitos más graves como la trata de personas.

“El empleo fraudulento se manifiesta a través de anuncios falsos, páginas electrónicas apócrifas, perfiles que suplantan empresas reconocidas o mensajes que prometen oportunidades laborales inmediatas sin requisitos formales, los cuales circulan masivamente en redes sociales como Facebook, instagram, WhatsApp, y otras plataformas digitales”, afirmó la legisladora del PRI.

Detalló que la limitada capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos, evidencia la necesidad de reforzar el marco jurídico para garantizar la seguridad en la oferta y difusión de empleos.