La representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) insistió a este órgano electoral pronunciarse sobre la deliberada obstrucción del Senado de la República para no declarar la validez de la reforma constitucional en materia de salarios dignos para maestras y maestros, personal de salud, Guardias Nacionales, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Desde el pasado mes de enero el senador Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued han buscado a través de distintos medios que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, emita la declaratoria de constitucionalidad de la citada reforma, pero éste se niega a cumplir el trámite legislativo.
Durante la sesión del Consejo General realizada ayer lunes, el diputado federal Pablo Vázquez Ahued recordó que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República entre septiembre y octubre del 2024, y en los meses siguientes fue aprobada por 31 congresos estatales.
Estos votos de las legislaturas estatales fueron remitidos oficialmente al Senado en su calidad de cámara revisora. No obstante haberse cumplido todo el proceso de aprobación establecido en el artículo 135 constitucional, la Mesa Directiva del Senado no ha realizado la llamada “declaratoria de constitucionalidad”.
Para el diputado Vázquez Ahued esto se trata de una distorsión de la voluntad popular emanada de las urnas y de anomalía histórica porque en los 108 años de vigencia de la Constitución Mexicana nunca había sucedido algo similar.
“Estamos ante una obstrucción deliberada de la voluntad popular y una anulación del sufragio de las y los mexicanos”, advirtió el legislador del partido naranja ante las consejeras y los consejeros electorales.
“Es una omisión inconstitucional que impide que adquiera vigencia una norma cuyo contenido refleja la voluntad popular canalizada a través del Congreso de la Unión y los congresos estatales“.
El diputado de Movimiento Ciudadano sostuvo que al no publicarse esta reforma se están vulnerando los derechos político-electorales de la ciudadanía, particularmente en su dimensión colectiva, al impedir que surta efectos una decisión aprobada por representantes democráticamente electos que integran el Constituyente Permanente.