HOLA PAISANO

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Alimentar el miedo, Trump y la cacería de migrantes a través del hambre

Ciudad de México, 31 Julio 2025.- Mientras millones de familias en Estados Unidos luchan por poner un plato de comida en la mesa, la administración de Donald Trump ha vuelto a instrumentalizar el aparato del Estado para perseguir a los más vulnerables: esta vez, a través del estómago.

¿El blanco?, me parece que lo imagina: migrantes mexicanos

Para los más de 12 millones de personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos, esta política representa una amenaza directa. Muchos de ellos —particularmente mujeres jefas de familia, trabajadores agrícolas, jornaleros, obreros y empleados de bajo ingreso— acceden a SNAP porque sus hijos son ciudadanos estadounidenses y, por tanto, tienen derecho a recibir asistencia alimentaria.

Sin embargo, ahora el intento de vincular sus datos personales a bases de vigilancia federal pone en riesgo su tranquilidad, su seguridad y su estabilidad familiar.

Hay que decirlo con todas sus letras: esta política es un instrumento más de criminalización indirecta contra la comunidad migrante mexicana, históricamente marginada, mal remunerada y, sin embargo, esencial para el funcionamiento económico de Estados Unidos.

Asimismo, la paranoia de Trump convierte a los niños ciudadanos en posibles objetivos por tener padres indocumentados. ¿La consecuencia? Que muchas familias mexicanas prefieran no solicitar ayuda para no exponerse, condenando a menores de edad al hambre o la inseguridad alimentaria.

Esta exigencia del gobierno federal —impulsada a través del Departamento de Agricultura— de que los estados entreguen los datos personales de todos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no es una medida administrativa. Es una amenaza velada. Una maniobra orwelliana que, bajo el pretexto de combatir el “fraude”, busca intimidar a comunidades migrantes y convertir la política alimentaria en un brazo extendido de la persecución migratoria.

Una veintena de 20 estados de la Unión Americana  liderados por California, Nueva York y Michigan alzan la voz,  es un grito urgente contra una acción que no solo violenta leyes estatales y federales de privacidad, sino que corrompe el vínculo de confianza entre las instituciones públicas y las personas a las que están obligadas a proteger.

Es una traición legal y moral: se ofreció asistencia alimentaria a cambio de información sensible, y ahora esa información se pretende utilizar como arma. Trump y sus operadores políticos saben perfectamente que SNAP no es un programa fallido. Tiene una de las tasas de fraude más bajas del gobierno estadounidense y mecanismos de control auditados con rigurosidad. Lo que se busca no es mejorar el sistema, sino sembrar miedo. Enviar un mensaje claro a las comunidades latinas, migrantes, racializadas y empobrecidas: si acudes al Estado para alimentarte, te pondremos bajo la lupa.

Esto es especialmente grave si se considera que más de 42 millones de personas dependen de SNAP para sobrevivir, muchas de ellas ciudadanos estadounidenses con vínculos familiares mixtos, es decir, en hogares donde algunos miembros son indocumentados. Lo que se pretende es disuadir el acceso a un derecho básico mediante el chantaje burocrático.

Lo que ocurre en Estados Unidos sienta un precedente peligroso. Si el país que se autodefine como baluarte de las libertades recurre a tácticas de intimidación masiva para identificar y perseguir migrantes, ¿qué mensaje envía al resto del mundo? ¿Qué legitimidad le queda para hablar de derechos humanos, de legalidad o de cooperación internacional?

Este tipo de medidas son incompatibles con los compromisos multilaterales de Estados Unidos en materia de protección a derechos humanos, ni con los valores democráticos que presume defender. La instrumentalización del hambre para fines electorales o ideológicos es una forma moderna de violencia institucional.

Es hora de denunciar con claridad lo que está en juego: no solo el acceso a un programa de ayuda, sino el derecho a vivir sin miedo, a confiar en el Estado, a no ser tratado como sospechoso por ser pobre, migrante o diferente.

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