HOLA PAISANO

La agricultura, la construcción y el hotelería de EU. se sostienen con manos mexicanas

Ciudad de México, 8 agosto 2025.- En plena era de polarización política, Estados Unidos enfrenta una contradicción que roza el absurdo: mientras intensifica las redadas y deportaciones contra trabajadores migrantes —documentados e indocumentados—, su economía comienza a resentir una escasez laboral tan grave que amenaza la producción de alimentos, el funcionamiento de la construcción, el hotelería y otros servicios esenciales.
Y mire usted, los números son elocuentes. Los inmigrantes indocumentados representan apenas el 5% de la fuerza laboral total, pero en sectores estratégicos su peso es desproporcionado:
En la agricultura, constituyen entre el 40% y el 50% de la mano de obra, más de un millón de personas.
En la construcción, ocupan entre el 13% y el 15% de los empleos, es decir, hasta 1.5 millones de puestos.
En hotelería, limpieza, procesamiento de alimentos y restaurantes, su presencia oscila entre el 10% y el 30%.
En total, entre 6 y 8 millones de empleos esenciales dependen de trabajadores indocumentados, un músculo productivo que la política migratoria punitiva está erosionando a pasos acelerados. El resultado es visible: cosechas que se pudren en el campo, obras paralizadas y precios en ascenso para consumidores y empresas.
De manera más amplia, en 2024 se estima que 4.7 % del empleo total en Estados Unidos recayó en trabajadores mexicanos
Ahora quisiera referirme lo que en Estados Unidos se conoce como la “Ley Dignidad”. Le explico: Ante este panorama, un grupo bipartidista encabezado por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar impulsa la “Ley Dignidad y Rescate de Empleos Temporales H-2A y H-2B”, una propuesta que intenta dar oxígeno a la economía legalizando y ampliando el acceso a trabajadores temporales.
Aunque no fija un número cerrado de nuevas visas, busca flexibilizar los topes y ajustarlos a las necesidades reales del mercado. Hoy, la visa H-2B (servicios y oficios) está limitada a 66,000 plazas anuales, mientras que la H-2A (trabajo agrícola) no tiene tope fijo, moviéndose entre 150,000 y 200,000 según demanda. La iniciativa pretende eliminar cuellos de botella y evitar que la escasez se convierta en crisis sistémica.
En términos económicos, sustituir la mano de obra indocumentada por mecanismos legales y regulados no es un idealismo humanitario, sino un acto de supervivencia productiva.
Pero hoy, en un giro inesperado, Donald Trump —cuya retórica migratoria ha sido implacable— anunció que prepara una orden ejecutiva para permitir que ciertos migrantes indocumentados permanezcan en EE.UU. y sigan trabajando en sectores críticos.
Reconoció lo que la evidencia ya gritaba: “Nuestros campesinos están siendo afectados. Tienen trabajadores que han estado con ellos por 20 años… No podemos simplemente agarrarlos a todos y mandarlos de regreso”.
Las imágenes recientes de redadas en Omaha, donde ICE dejó a una planta cárnica sin 70 de sus empleados, o de granjas en California que se vieron obligadas a detener operaciones, han dejado en claro que la seguridad alimentaria y la estabilidad económica están atadas al trabajo de quienes Washington ha convertido en objetivo de persecución.
Aunque un paliativo que no resuelve la raíz, lo cierto es que a corto plazo, elevar la oferta anual a 250,000 visas H-2A y 250,000 H-2B podría amortiguar el golpe. Sin embargo, el problema de fondo sigue sin resolverse: la economía estadounidense depende de una fuerza laboral que su marco legal no reconoce plenamente, atrapada entre la necesidad productiva y el rechazo político.
La “Ley Dignidad” representa un paso pragmático, pero temporal. La pregunta de fondo es si Estados Unidos está dispuesto a admitir que su prosperidad —y su comida, sus edificios y sus hoteles— dependen de quienes ahora considera “ilegales”.
Porque mientras no lo haga, seguirá viviendo en una contradicción peligrosa: la de expulsar con una mano y suplicar con la otra. Así las cosas…
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