A Todos nos afecta la justicia
Por Liébano Sáenz
Las leyes y la Constitución son la fuente de certeza frente a la incertidumbre inherente a la economía y la política. Sin embargo, la política también vuelve muy incierta la interpretación y aplicación de la ley. La politización de la tarea jurisdiccional es un problema global, pero en México se acentúa por la ausencia de contrapesos fácticos e institucionales y se agrava por la determinación del régimen de elegir por voto popular a los juzgadores.
Es explicable el descontento de la sociedad con la justicia, pero el panorama podría volverse considerablemente peor en el futuro, si quienes llegan a esta responsabilidad mostraran signos de parcialidad o carecieran de profesionalismo. El nuevo Poder Judicial estará a prueba porque la reforma desmontó lo mejor de la judicatura, y eludió atender otras áreas fundamentales para garantizar la justicia como son las policías, los servicios técnicos para la investigación de delitos, la representación social en procesos penales y el sistema penitenciario; además minó la autonomía judicial al crear un órgano de supervisión sin reglas claras.
El gobierno y su partido, mientras descalifican lo que ya desmantelaron, prometen una transformación positiva en la justicia. Sin embargo, las dudas persisten precisamente por la excesiva politización sobre los asuntos judiciales. Que sean los nuevos tiempos o que México no sea el único país en esa ruta, como sociedad, no nos sirve de consuelo, ni justifica la normalización del fenómeno. El país requiere de un Poder Judicial independiente del poder -político, mediático o económico- y también que sus integrantes se desempeñen con un claro sentido profesional y total autonomía.
Al final, no será la opinión de unos y otros lo que convalide al nuevo sistema, sino las decisiones y los resultados. Habrá que volver a la tesis esencial: por el buen juez hablan sus sentencias.
Ojalá desde ahora lo asumamos todos. La incertidumbre no sólo afecta a los negocios o las inversiones, también impacta la vida común de las personas, tanto en la certeza de derechos, como en resolver controversias entre particulares, a partir de los criterios de debido proceso, igualdad, respecto estricto a la ley y a la presunción de inocencia. Para una buena justicia no hay atajos.