El partido político nacional SOMOS, representado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Emilio Álvarez Icaza Longoria, presentó este 11 de noviembre una denuncia con solicitud de medidas cautelares y tutela preventiva en contra de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, once titulares de gubernaturas estatales, la Jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada y el partido político Morena junto con su dirigencia nacional.
La querella, interpuesta ante la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, acusa el uso indebido de recursos públicos, la violación a los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como calumnia electoral.
¿Qué pasó entre SOMOS y Sheinbaum?
El conflicto se originó tras la difusión de investigaciones sobre presunta colusión, tráfico de influencias y simulación de competencia en la adjudicación de contratos de papelería y materiales electorales entre organismos electorales (INE y OPLES) y empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con lo expuesto por la propia Secretaría Anticorrupción, dichas empresas habrían obtenido contrataciones por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, más 646.3 millones adicionales entre 2024 y 2025.
Dentro de la reconstrucción de los antecedentes laborales, la autoridad vinculó a los empresarios con Juan Carlos Padilla Aguilar, señalando su posterior coincidencia en la militancia de SOMOS junto a exfuncionarios electorales como Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños Martínez y Edmundo Jacobo Molina.
De acuerdo con el documento presentado por SOMOS, esta investigación técnica fue desviada para articular una estrategia sistemática de ataques y descalificación política desde la plataforma oficial del Estado. Durante las conferencias matutinas presidenciales del 5, 6 y 9 de noviembre de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó directamente a SOMOS con la red investigada, empleando adjetivos como “cochinero” y “mafia electoral” para aseverar que la estructura se construyó bajo el cobijo de gestiones anteriores del INE y que actualmente es representada por dicha fuerza política.
Esta narrativa fue posteriormente replicada y amplificada a través de las redes sociales oficiales de los gobiernos de Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco, Colima, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Sonora y la Ciudad de México.
La presunta campaña culminó el 10 de noviembre con una rueda de prensa de la dirigencia nacional de Morena, donde se exhibió material gráfico con la leyenda “SOMOS es la Mafia Electoral” y se acusó nominalmente a diversos integrantes del partido de defender redes de corrupción.
En el aspecto legal, la representación de SOMOS sostiene que la utilización de las “mañaneras”, el personal técnico, la infraestructura gubernamental y las cuentas oficiales para denostar a una fuerza política opositora contraviene los artículos 41 y 134 de la Constitución.
El escrito destaca que los titulares de los poderes ejecutivos están sujetos a un deber reforzado de cuidado que les prohíbe intervenir en la contienda política. Respecto a la acusación de calumnia electoral, se argumenta la existencia de real malicia, toda vez que la propia mandataria federal admitió públicamente que las investigaciones no acreditaban la pertenencia de los imputados a un grupo delictivo; aun así, se atribuyó colectivamente a SOMOS la comisión de delitos e ilícitos con el fin de presuntamente mermar su reputación ante el electorado.
¿Qué pide SOMOS?
Ante estos hechos, el partido SOMOS solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la adopción urgente de medidas cautelares y tutela preventiva. La petición exige ordenar a las autoridades denunciadas y a Morena la abstención de realizar nuevas manifestaciones que vinculen al partido con redes delictivas o la “mafia electoral”, el retiro o suspensión de los videos, comunicados e infografías publicados entre el 5 y el 10 de noviembre, y el resguardo de todo el material audiovisual e impreso derivado de los eventos oficiales.
Asimismo, la representación partidista requirió el desahogo de diligencias de investigación exhaustivas para determinar el origen de los recursos empleados en esta difusión y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la normativa electoral vigente.
