Campeche, 11 de agosto.— Los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron una disculpa pública a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por orden del Tribunal Electoral local. El órgano determinó que los comunicadores de La Barra Noticias incurrieron en violencia digital y mediática contra la mandataria morenista.
En un video publicado en redes sociales, los tres periodistas afirmaron:
“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática.”
Esta no es la primera vez que la gobernadora Layda Sansores recurre a instancias judiciales para limitar la difusión de ciertos contenidos críticos. Dos juezas de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado han ordenado al periodista Jorge González Valdez y al periódico Tribuna no publicar información sobre la mandataria, además de imponer la obligación de contar con un censor gubernamental que revise y apruebe dichas publicaciones.
¿Qué es la violencia digital contra mujeres políticas?
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la violencia digital es aquella ejercida a través de tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales, para exponer imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo sin consentimiento. También incluye la difusión de material que dañe la intimidad, privacidad o dignidad de mujeres, especialmente en el ámbito político.
Ejemplos de violencia digital incluyen:
- Propaganda que calumnie o degrade a una candidata basada en estereotipos de género.
- Difamación o expresiones que descalifiquen a mujeres en funciones políticas con base en estereotipos.
- Divulgación de información privada con el fin de desacreditar, difamar o denigrar a una mujer política.
La resolución del Tribunal Electoral local genera un debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género en México.