México traslada a 26 líderes criminales a EU en operación coordinada por seguridad nacional

En una acción estratégica para garantizar la seguridad pública y frenar la violencia organizada, el Gobierno de México, en coordinación con Estados Unidos, realizó el traslado de 26 personas vinculadas con delitos de alto impacto a cárceles estadounidenses, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa, García Harfuch detalló que la operación se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de los implicados, quienes enfrentaban investigaciones por tráfico de personas, homicidio, trasiego de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada, tanto en México como en Estados Unidos.

El traslado se coordinó con el Departamento de Justicia estadounidense, bajo la condición de que no se solicitara la pena de muerte para los 26 criminales ni para los 29 trasladados en febrero de este año. “Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país”, afirmó el funcionario.

Los líderes criminales operaban desde prisiones mexicanas, aprovechando visitas y permisos para continuar con actividades ilícitas, amenazas a funcionarios y consolidación de redes delictivas. Varios habían obtenido amparos que les permitirían cambiarse a penales de menor seguridad, aumentando el riesgo de fuga o reanudación de delitos.

García Harfuch explicó que la operación involucró a 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República. Los traslados se realizaron desde la Base Aérea Militar número 1 en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Marina hacia diferentes ciudades de Estados Unidos:

• 8 a White Plains, Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia

Durante la operación, los centros penitenciarios en México funcionaron con normalidad y no se registraron incidentes.

García Harfuch subrayó que estas medidas buscan romper las redes de influencia criminal desde el interior de las cárceles, garantizar justicia y dignidad para las víctimas, y reafirmar que la seguridad de los ciudadanos es la máxima prioridad del Estado mexicano.

Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión, reforzando la política de cero impunidad y la coordinación total del Gabinete de Seguridad.