Se formaliza la instalación Tribunal de Disciplina Judicial ante representantes de los tres Poderes de la Unión

La instalación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) marca el inicio de una etapa transformadora en la impartición de justicia en México, y con el objetivo de fortalecer la profesionalización, la integridad y la cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía, asegurando que los principios constitucionales guíen el actuar de quienes imparten justicia, coincidieron los magistrados que integran su Pleno.

La magistrada Celia Maya García asumió la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por un periodo de dos años, lo mismo que los integrantes del pleno de ese tribunal, las magistradas Eva Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, y los magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

En su mensaje inaugural, Maya García destacó que el TDJ es una institución que no sólo revisará la conducta judicial, sino que se enfocará en promover un ejercicio ético, transparente y eficiente en beneficio del pueblo de México.
Demostremos a los incrédulos, dentro y fuera de nuestras fronteras, que la reforma judicial es pertinente y exitosa”, subrayó.

Agregó que el nuevo Tribunal acompañará el crecimiento profesional de la judicatura, velando por el cumplimiento de la ley sin afectar la autonomía de los juzgadores.

La magistrada Verónica de Gyvés señaló que la instalación del Tribunal simboliza un nuevo ciclo en la historia del Poder Judicial, en el que la ciudadanía espera resultados visibles: procesos ágiles, decisiones justas y funcionarios públicos comprometidos. “Nuestra labor no será punitiva, sino formativa y ética. La sociedad espera austeridad, honestidad y trabajo”, afirmó.

El Tribunal revisará que los procesos de impartición de justicia sean ágiles, que se investigue en donde haya duda de honestidad, pero sobre todo se resuelva con justicia, lo que contribuirá a modificar de forma positiva la percepción social hacia el Poder Judicial. Aseguró que no se perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma.