La Cámara de Diputados analiza la política social contenida en el Primer Informe de Gobierno

Con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios abordaron, en dos rondas de intervenciones, la política social emprendida por el Ejecutivo Federal.

La diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena) consideró que la inversión en el pueblo siempre será la mejor apuesta, ya que en el primer año de gobierno se destinaron más de 850 mil millones de pesos a programas de bienestar, lo que se traduce en más de 32 millones de familias mexicanas favorecidas. En materia educativa se consolidó la Beca Rita Cetina, que beneficia a más de 5.6 millones de estudiantes.

En el sector agropecuario,1.8 millones de personas reciben apoyos directos a través de Producción para el Bienestar, y 415 mil sembradores trabajan en el Programa Sembrando Vida. Celebró que más de 1.6 millones de personas con discapacidad cuenten con una pensión bimestral, lo que representa un hecho histórico, pues por primera vez se reconoce a este sector como sujeto de derechos.

A su vez, la diputada Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) solicitó analizar el financiando de los programas sociales, “porque si es a costa de disminuir el gasto en salud, educación, seguridad o seguir endeudando al país, eso es preocupante y en el mediano y largo plazo perjudicial para el país y para las familias mexicanas. Repartir el dinero con más deuda es lo más fácil, pero también lo más irresponsable”.

Llamó a cambiar el asistencialismo electoral por programas sociales que ofrezcan a la población más pobre oportunidades reales para superarse y lograr una vida mejor; para ello, es indispensable garantizar el acceso a salud, educación de calidad, derecho a una vivienda adecuada y tener más y mejores empleos con un crecimiento inclusivo.

Christian Mishel Castro Bello, diputado del PRI, subrayó que las familias siguen padeciendo lo esencial: falta de medicamentos, hospitales sin personal suficiente, escuelas deterioradas, empleos mal pagados e inseguridad. De acuerdo con el INEGI las carencias sociales aumentaron en 2.7 puntos en 2024 y hoy 6 de cada 10 mexicanos, más de 80 millones de personas, enfrentan carencias en salud, educación, vivienda y servicios básicos.

En materia de salud, el 34 por ciento de la población no tiene acceso efectivo a servicios médicos y casi la mitad carece de seguridad social. En el primer semestre de 2025 la inversión física en hospitales, en equipamiento, cayó más del 57 por ciento y de los 85 mil millones aprobados para medicamentos vía IMSS-Bienestar, en seis meses se ejerció solamente el 6 por ciento. Respecto a educación, las becas no compensan la falta de infraestructura, conectividad, capacidad docente y atención a comunidades marginadas.

En opinión de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) se tiene un gobierno que lucra con la necesidad mexicana y la realidad de la Cuarta Transformación ha sido la promoción de una política social que, si bien ha contribuido con las familias que no tenían un ingreso suficiente, también es cierto que la forma y el trasfondo de ello “no es más que electoral y perverso, convirtiendo algo que debe ser de humanidad, como es la ayuda social, en una herramienta de populismo y amenaza política”.

Añadió que la falta de focalización de la política social hacia la población en pobreza es alarmante, pues de acuerdo a cifras alrededor de diez millones de hogares de bajos ingresos no tienen un programa social, y los que son de transferencia se distribuyen de manera menos progresiva. “La política social del oficialismo es un discurso cargado de promesas ante una realidad que se cae a pedazos. No se trata de cifras ni discursos, sino del futuro de miles. México requiere una política social que ponga en el centro a las personas, sea incluyente, sostenible y brinde condiciones reales de bienestar”.