A través de sus cuentas de redes sociales y otros canales oficiales, el Grupo Salinas, publicó un comunicado en el que aseguran que son objeto de una persecución política. Esto luego de que esta empresa advirtió que se evalúan demandas y acciones legales en Estados Unidos y México por difamación y daño moral en contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum cuestionó por qué Grupo Salinas la demandaría en Estados Unidos. “¿Por qué sería en Estados Unidos? ¿Cómo es una demanda de difamación en Estados Unidos?”.
La presidenta incluso pidió al auditorio que se llevaran como tarea algunas preguntas: “¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? Es una tarea para todos, quien quiera»…»¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa?, ¿quién lo demandó a que regresara el dinero por la compra de la televisora?, ¿cómo tiene ADN 40?, ¿cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?”.
En el comunicado, la empresa responde que harán la «tarea» que dejó la presidenta Sheinbaum y responden una por una a estas preguntas.
Sobre la adquisición de Tv Azteca, aclaran, «se hizo mediante un proceso abierto y transparente de subasta pública, mismo que ganamos al presentar la mejor oferta y no existe ninguna deuda por esa transacción. Por cierto, aunque les cueste reconocerlo, la concesión está en orden y vigente hasta
2042″.
Ante la pregunta sobre el Fobaproa, Grupo Salinas dice «siempre hemos sido críticos de esa gran estafa y, además, es absolutamente falso que hayamos sido beneficiados por él» y reviran diciendo: «Hablando de estafas, solo para dimensionar, la deuda que nos dejó López Obrador a todos los mexicanos equivale a casi siete FOBAPROAS».
En relación a Canal 40, «TV Azteca asumió legítimamente el control de éste con estricto apego a la ley y con base en resoluciones definitivas y unánimemente emitidas por diversos tribunales».
Finalmente, aseguran que lo que pasó con las acciones de Mexicana, Salinas Pliego asegura, «lo que adquirimos fueron acciones de un par de subsidiarias de la compañía, en una transacción legítima y en términos de ley».
Terminan su mensaje sentenciando: «ningún ciudadano o empresa debería ser atacada desde la impunidad del poder público».