Legisladores del Partido Verde y del PT proponen reclasificar los electrolitos orales como bebidas azucaradas para aplicarles impuestos y sellos de advertencia.

Legisladores del Partido Verde y del PT proponen reclasificar los electrolitos orales como bebidas azucaradas para aplicarles impuestos y sellos de advertencia.

Los diputados del Partido Verde y del PT proponen que los electrolitos dejen de clasificarse como medicamentos. Su iniciativa busca que estas bebidas se traten como productos azucarados, lo que implicaría nuevos impuestos y la colocación de sellos de advertencia en sus envases.

El argumento central de los legisladores es que, aunque se venden como soluciones de salud, contienen niveles de glucosa mucho más altos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con su exposición de motivos, al estar inscritas esas bebidas con electrolitos como fármacos están exentas de impuestos y de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-051, que obliga a colocar sellos frontales a los productos altos en azúcar, calorías o sodio. Sin embargo, estudios recientes señalan que estas bebidas pueden contener hasta 3.5 veces más azúcar que la fórmula recomendada por la OMS para la rehidratación.

Los electrolitos orales incluyen minerales como sodio, potasio, calcio y glucosa. Están diseñados para combatir la deshidratación provocada por diarrea, vómitos, golpes de calor o ejercicio intenso. Por ejemplo, un litro de una marca comercial puede aportar más de 120 calorías, junto con una fuerte dosis de sodio y potasio, además de azúcar.

El problema, según especialistas en nutrición, es que su consumo frecuente fuera de un contexto médico puede tener efectos adversos. El exceso de glucosa y sodio favorece el desarrollo de obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por eso, los diputados consideran que estas bebidas se promocionan como saludables cuando, en la práctica, funcionan más como refrescos con minerales añadidos.

Los legisladores subrayan que la clasificación actual beneficia a las empresas que producen electrolitos, porque las libera de pagar impuestos que sí enfrentan otras bebidas con azúcar. Además, les permite evitar etiquetas de advertencia que informen a los consumidores sobre riesgos de salud.

La propuesta es que los electrolitos se regulen bajo los mismos criterios que refrescos y jugos industrializados. Esto significaría aplicarles el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y obligar a mostrar los sellos negros que advierten sobre exceso de azúcar, calorías o sodio.

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