Con papeles en regla… y esposados
Por Daniel Lee
Ciudad de México, 4 Octubre 2025.- Las redadas migratorias en Estados Unidos dejaron de ser un mecanismo de control fronterizo para convertirse en un laboratorio de impunidad.
En Los Ángeles, ya se contabilizan mil 500 detenidos en las más recientes, y entre ellos México confirma 61 connacionales. La política migratoria se convierte así en espectáculo punitivo, en show de fuerza para las cámaras, pero con víctimas de carne y hueso.
Ante ello, el gobierno de Donald Trump enfrenta una oleada de demandas millonarias, no por irregularidades administrativas menores, sino por violaciones flagrantes a los derechos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Es decir: ya no se trata de “inmigrantes indocumentados”, sino de personas que portaban sus papeles en regla y aun así fueron detenidas, esposadas, humilladas.
Lo relevante de estas demandas no es solo la indemnización que persiguen —sumas millonarias que poco reparan las heridas físicas y emocionales—, sino la posibilidad de generar precedentes legales que limiten los excesos de las agencias migratorias.
Que un grupo de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes recurra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es, además, un recordatorio incómodo: Estados Unidos, que presume ser el guardián de la democracia, es hoy señalado por los mismos abusos que suele denunciar en otros países.
El caso de Leonardo García Venegas, detenido dos veces en su propio lugar de trabajo pese a identificarse como ciudadano estadounidense, ilustra una práctica que revela no errores aislados, sino un patrón.
A él se suma el de Rafie Ollah Shouhed, un anciano de 79 años sometido violentamente tras una cirugía cardíaca, con rodilla en el cuello incluida, como si la lección de George Floyd jamás hubiera existido.
La brutalidad quedó grabada en video, y la demanda asciende a 50 millones de dólares. Pero, más allá de los montos, lo que está en juego es la erosión de un principio básico: nadie debería temer a su propio Estado por portar un acento, un rostro o un color de piel.
En la retórica oficial, estas redadas son “acciones necesarias para hacer cumplir la ley”. Pero ¿qué ley permite detener a ciudadanos documentados, esposados frente a sus compañeros de trabajo y negarles atención médica? Ninguna.
Lo que se observa es la normalización del uso excesivo de la fuerza y la institucionalización de la sospecha como criterio de detención. Ese deslizamiento es peligroso porque corroe la frontera entre un Estado de derecho y un Estado policial.
La ofensiva no se limita al terreno interno. El mensaje político es claro: reforzar una narrativa de miedo para obtener rédito electoral.
La secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem lo advierte: “¡Salgan ya!” El discurso es menos un aviso y más una amenaza, destinada a sembrar terror colectivo.
Las redadas de Trump revelan un Estado que desconfía de su propia gente y que ha convertido la identidad étnica en una presunción de culpabilidad. Son la prueba de que la política migratoria estadounidense, lejos de ser un debate administrativo sobre visas y fronteras, se ha degradado en un campo de batalla donde se define qué vidas valen y cuáles pueden ser reducidas a números en un parte policial. Y esa es la verdadera urgencia: impedir que el miedo reemplace al derecho.
ABRAZO FUERTE
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