Comisión de Hacienda aprobó dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Aduanera, mañana pasa al pleno

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó con 31 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la comisión revisora, dijo que los votos particulares se recibirán y presentarán como anexo del dictamen, con el fin de que se publiquen en la Gaceta Parlamentaria y sirvan para ilustrar la discusión en el Pleno; las reservas serán presentadas en el Pleno. Aprobado, en lo general y en lo particular, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

El legislador dio a conocer que también se conforma el Consejo Aduanero, que integra a la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El nuevo organismo, explicó, escuchará las opiniones de otras dependencias, como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para la agencia aduanal, así como de su prórroga y del respectivo procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, entre otras.

Destacó que el objetivo del dictamen, que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga nueve artículos, y que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es combatir la corrupción, la evasión y la elusión fiscales, hacer más eficiente la operación aduanera, lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, aumentar la recaudación federal, reducir el contrabando, y asegurar una competencia más justa para la industria nacional.

Establece una vigencia prorrogable de las patentes de agentes y de la autorización de las agencias aduanales y una constante certificación de los agentes. Fija nuevos requisitos para ser agente aduanal, entre ellos el no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámites de comercio.

Al exponer la posición del PAN, el diputado Federico Döring Casar resaltó que es mentira que esta reforma sea para combatir la evasión y elusión fiscal, así como para incrementar la recaudación. “No va a contribuir a mejorar la recaudación, porque no quisieron ser corresponsables, el gobierno, de la solución; solo quieren ser parte del problema”.

Aseveró que con el pretexto de la modernización tecnológica y la digitalización de los trámites, se están violentando derechos; por lo que, su voto es en contra. No obstante, reconoció algunos cambios respecto de la iniciativa original, que se deben a la sensibilidad del presidente de la Comisión y a las legisladoras y legisladores de la mayoría.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que el dictamen se ha quedado corto y también en escuchar al sector privado, dado que se mantiene en la Ley Aduanera el control de los militares y de la Marina sobre la gestión aduanal en el país, y se endurece con castigos ejemplares a los agentes. “Acción Nacional no puede acompañar el dictamen porque el gobierno no está luchando por quitar las redes de corrupción que ahí están vivas”.

El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) dijo que el dictamen tiene muchos aspectos que afectan de manera negativa el comercio internacional del país; va en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas como es la agilización del despacho de mercancías, confianza en el contribuyente y en la simplicidad y transparencia de los trámites aduanales para dar más eficiencia a las exportaciones e importaciones de cualquier nación.

Además, daña el fomento al comercio y excede las inspecciones no reguladas donde, por ejemplo, los procedimientos de verificación no definen plazos ni tienen claridad ni causas justificadas. Falta profesionalización de los funcionarios públicos que dirigen aduanas y se especifican medidas cautelares y sanciones desproporcionadas. Ante ello, anunció que el voto de su grupo parlamentario será en contra porque no se incluyó ni escuchó a los expertos.

Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, comentó que si bien, se comparte el objetivo de fortalecer el marco legal, se considera que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal no atiende de fondo las causas estructurales del problema, pues se enfoca casi exclusivamente en imponer nuevas cargas y controles a los agentes y agencias aduanales, pero omite establecer mecanismos claros y vinculantes de control, supervisión y sanción sobre las autoridades responsables, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda.