Sin división de poderes
Una característica típica de un Estado absolutista es el control sobre las funciones legislativas y de impartición de justicia, lo que en esencia es un abuso del poder. Siempre hay que releer a los clásicos y recordar a Montesquieu vigente para medir la calidad de una democracia y diagnosticar cuando ha sido debilitada o anulada.
El principio de división de poderes es una de las piedras angulares de las constituciones modernas para garantizar el equilibrio en un sistema de frenos y contrapesos indispensables.
A partir de 1995 y durante 30 años México tuvo un Poder Judicial ajeno al control presidencial y es justo darle ese crédito a la reforma judicial impulsada por Ernesto Zedillo en que la Suprema Corte transitó de la irrelevancia a la luminosidad de un auténtico Tribunal Constitucional. Era inimaginable retornar a la penumbra, sin embargo ocurrió para desgracia del país y nuestras expectativas sobre el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano.
La reciente reforma judicial del obradorato ejecutada por su encargada de despacho en funciones de presidenta fracturó la sana distancia entre la impartición de justicia y el poder político que todo lo domina sin obstáculos, aunque nuestra Constitución preserve en su artículo 49 el principio que ha pasado a ser una referencia nostálgica. “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse más o dos de estos Poderes en una sola persona o corporación” la cita es el actual ejemplo de la letra muerta de un sistema vulnerado.
La autonomía de los jueces desapareció con la Corte emanada del voto popular, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración que reemplazó al desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.
Es pertinente este contexto para evitar que caigamos en el error de normalizar la falta de escrúpulos de los recién llegados juzgadores que se regocijan de ostentarse como subalternos de Claudia Sheinbaum para acompañarla en mítines políticos y mostrar sus reverencias que no dejan de ser una prueba de sumisión. Cito hechos que aunque parecieran costumbristas en esta era de despropósitos, son reveladores para efectos de lo que llaman “nuevo” Poder Judicial.
Fui testigo como reportero y funcionario que entre 1995 y hasta el periodo en que Arturo Zaldívar asumió la presidencia de la Corte, los ministros fueron cautos para evitar validación política con su presencia en eventos que no fueran ceremonias de Estado en las que era normal su participación como integrantes de un Poder distinto. El hecho inédito que rompió esa regla se dio con la aparición de Zaldívar en una conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador durante la representación de su proyecto de reforma judicial hace ya 5 años, esa ocasión se registró un punto de quiebre que comenzó a marcar tendencia en detrimento de la autonomía judicial.
También es necesario recordar que en la desaparecida etapa de los informes de gobierno solemnes, a un lado de la tribuna en San Lázaro se disponía de sillas para los integrantes del pleno de la Corte en una ceremonia de protocolo, incluso hubo togados que evitaban aplaudir los discursos para no comprometerse a mandar un mensaje de aprobación a las arengas del partido del Presidente de la República en turno.
Recuerdo también que presidentes del Máximo Tribunal como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza recibían seductoras invitaciones provenientes del Ejecutivo para asistir a eventos que no eran necesariamente aptos para su presencia como representantes del Poder Judicial. En el caso de estos dos ministros, ahora en retiro, siempre hubo la coherencia de saber decir que no al llamado beso del diablo.
Durante la presidencia de Mariano Azuela, su presencia en la residencia de Los Pinos cuando la coyuntura del desafuero de AMLO provocó un escándalo que marcó su periodo al frente de la Corte y sirvió de plataforma de victimización para el tabasqueño, sin duda un error que ahora parece una nimiedad comparada con los acontecimientos de la actualidad.
En muchas ocasiones la política tendía sus redes para comprometer a los jueces constitucionales, con mayor razón en coyunturas en las que se analizaron temas espinosos para el Ejecutivo en lo que fue esa Suprema Corte. Era impensable que un togado diera mensajes o hiciera declaraciones que comprometieran su criterio en litigios en los que el primer mandatario era parte, ahora es habitual. Había escrúpulos, ese código no escrito de comportamiento guardó una convicción de respeto al principio de División de Poderes porque en los asuntos de política la forma es fondo como decía Jesús Reyes Heroles.
Las barreras de la dignidad entendidas en el contexto que menciono se han roto en el retorno de un presidencialismo todopoderoso que somete a un Congreso de parapeto y jueces sin dignidad que tienen como premisa obedecer.
Cito hechos lamentables que aunque parecieran irrelevantes en esta época de despropósitos, son emblemáticos y hasta obscenos para efectos de lo que ahora nos quieren vender como “nuevo” o del “pueblo”.
Sin detenerme en lo insignificante que resulta el personaje, es necesario mencionar a Edgar Adrián Meza Mendoza autodenominado “Juez del Bienestar”, titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia laboral adscrito en la Ciudad de México que presumió en redes sociales su asistencia al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino.
Portaba una camisa guinda con la imagen de la presidenta cuyo discurso se escuchaba como fondo ambiental en el video a través del cual festejó lo que llamó “un día maravilloso” en su cuenta de Tik Tok en la que se hace llamar “ElAbogadoTochtli”. Sujetos como este, además de mostrarse como bufones hacen añicos la esperanza de objetividad de los justiciables que tengan la desgracia de ver sus asuntos en los juzgados que encabezan. Más allá de su alarmante ignorancia jurídica, Meza Mendoza y los cientos que hay como él en los 32 circuitos judiciales del país son el ejemplo vivo del quebrantamiento de la división de poderes.
Otra de las innumerables muestras de la normalización de la burla a la imparcialidad fue la foto que subió Lenia Batres para ufanarse del servilismo que profesa al aparecer junto con 5 de sus colegas del pleno, entre los que se observó también a Hugo Aguilar Ortiz durante el multicitado mitin de Sheinbaum con motivo de su primer Informe de Gobierno. Este remedo de tribunal que ahora tenemos ha quedado reducido a la vergüenza de un grupo de porristas que aniquilan la independencia de un Poder del Estado esencial para la democracia que ya perdimos.
EDICTOS
Resulta que según el radio pasillo legislativo en la Cámara de Senadores, el peticionario del transitorio sobre la retroactividad que planteó originalmente la iniciativa de la Ley de Amparo, es nada menos que Hugo Aguilar Ortiz, el presidente de la Corte del copal y la toga floreada. Dicen que el oaxaqueño tuvo problemas estomacales cuando escuchó a Claudia Sheinbaum criticar la intención de la retroactividad de la ley que hasta un estudiante de primer semestre de leyes sabe que es inconstitucional. Ahora que ese transitorio va para atrás por orden emitida desde Palacio Nacional a don Hugo no le queda más que tragarse el sapo de su audacia y apechugar la instrucción de su presidenta. Se dice también que uno de los principales destinatarios del entuerto de la retroactividad de la ley mencionada era Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Otro tema candente, pero en el edificio de Pino Suárez 2 es el creciente pleito entre Yasmín Esquivel y su colega doctorante de la Universidad Tepantlato. Las diferencias con Batres suben de tono y se muestran sin maquillaje en las sesiones del pleno.