La muerte de catorce personas armadas en el municipio zacatecano de Calera fue resultado del uso de fuerza letal de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP ZAC) incumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que provocó graves violaciones a los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de las víctimas, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la recomendación 195VG/2025, ya debidamente notificada a sus destinatarios, la CNDH analizó los hechos del 12 de octubre de 2020 en la localidad de Nueva Alianza, municipio de Calera, Zacatecas, y recomendó a la Sedena y a la SSP ZAC colaboren en el seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por la muerte de esas personas quienes fallecieron posterior al uso ilegítimo de la fuerza por parte de esas autoridades
Según ambas autoridades, las 14 personas estaban armadas y habían agredido previamente a integrantes de la SSP ZAC, por lo cual estos habían llamado a la DEFENSA para que les apoyara. En la versión oficial, los atacantes murieron durante el intercambio de disparos. Sin embargo, en la investigación que hizo de los hechos, esta Comisión detectó varias inconsistencias entre lo informado por las autoridades y las pruebas que analizaron.
La Comisión Nacional solicitó informes a las autoridades involucradas, a otras en colaboración, recabó testimonios, consultó las carpetas de investigación y, con base en esos documentos, personal especializado emitió Opinión Técnica en Materias de Criminalística y Médica, las que permiten evidenciar que las agresiones en contra de los civiles armados se realizaron de manera posterior al enfrentamiento y que, una vez que habían sido sometidos, algunos fueron golpeados y finalmente privados de la vida, mientras que a otros les dispararon por la espalda.
De acuerdo al texto de la recomendación, se advierte que el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Defensa y la SSP ZAC, no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que provocó graves violaciones a los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de las víctimas.
Por estos hechos, se recomendó a las autoridades mencionadas para que colaboren en el trámite para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las 14 víctimas y de aquellos integrantes de los núcleos familiares que acrediten ser víctimas indirectas de los hechos. Además, deberán otorgarles atención psicológica y/o tanatológica.
Asimismo, deberán colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que está CNDH presente ante el Órgano Interno de Control en la SSP ZAC y en la Defensa, a fin de que inicien los procedimientos administrativos que correspondan.
También deberán impartir capacitación sobre el Uso de la Fuerza y sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de las armas de fuego, dirigida a los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la SSP ZAC y del 52/o Batallón de Infantería en Guadalupe, Zacatecas, la cual deberá abordarse de tal modo que contribuya a prevenir hechos similares.