El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que la ex jefa del gabinete, Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de 2022, recibiera asilo en la residencia mexicana en Lima.
La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela, quien calificó el acto como “inamistoso” y afirmó que se tomó en respuesta a la reiterada “intervención” del gobierno mexicano en los asuntos internos de Perú.
“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró De Zela.
El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025Añadió que, ante este hecho, el Ejecutivo decidió “romper relaciones diplomáticas con México”.
El presidente José Jerí informó, a través de su cuenta oficial en X, que la encargada de la embajada mexicana en Lima, Karla Ornela, fue notificada y cuenta con un “plazo perentorio” para abandonar el país.
Una relación marcada por la tensión
Las tensiones diplomáticas entre México y Perú se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, otorgó asilo a la esposa e hijos de Pedro Castillo tras su destitución. Desde entonces, México no ha reconocido formalmente a las autoridades peruanas y ambos gobiernos retiraron a sus respectivos embajadores.
A pesar del distanciamiento político, el comercio bilateral se mantuvo activo durante los últimos dos años. Sin embargo, el otorgamiento del asilo a Chávez terminó por agravar la crisis.
Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Castillo, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión.
La fiscalía de Perú solicita para ella una condena de 25 años de prisión. El juicio comenzó en marzo de 2025 y, hasta ahora, la exfuncionaria enfrenta el proceso en libertad. Castillo, por su parte, se encuentra recluido desde diciembre de 2022 bajo prisión preventiva.
“Expresiones inaceptables”
El canciller De Zela sostuvo que las recientes declaraciones de la presidenta de México —a quien no nombró directamente— fueron “inaceptables y falsas”, al afirmar que el exmandatario Castillo es un “perseguido político”.
“Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México”, señaló el diplomático.
El conflicto tiene su origen en el intento de disolución del Congreso peruano el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la creación de una Asamblea Constituyente antes de ser destituido por el Parlamento. Sin apoyo militar, fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México en Lima. Desde entonces, su familia vive en ese país bajo condición de asilo.
Castillo ha sostenido que “nunca me levanté en armas” y que su destitución fue resultado de la negativa de las Fuerzas Armadas a acatar sus órdenes.
RB