Si, el gobierno se siente desbordado, como es evidente, y prueba de ello es no haber podido esclarecer los asesinatos de los funcionarios del gobierno de la CDMX, ocurridos hace seis meses, es necesario que se reconozca y se busque la necesaria colaboración internacional para implementar una nueva estrategia. Para ello es necesaria la voluntad política de quien encabeza el Ejecutivo federal.
Pese a todo el nuevo andamiaje jurídico para sancionar tales conductas, la destrucción del Poder Judicial autónomo y la inexistencia de una estrategia nacional de seguridad; cuerpos de seguridad capacitados –eficientes y honestos–, es el preámbulo para una catástrofe de ingobernabilidad en que pasamos de «Abrazos no balazos» a «Calladitos se ven más bonitos», así que si quieren vivir no protesten.
La presidente Claudia Sheinbaum centra sus ataques desde Palacio Nacional no en contra de los criminales a quienes insiste en proteger con el manto que les tejió López Obrador, y que ha desgastado en su año de gobierno: No aplicaremos la violencia ni habrá guerra contra el narco, eso es cosa del pasado… de tiempos de Calderón… con García Luna… nosotros vamos a las causas.
Repite que contra delincuentes se utilizará «toda la fuerza del Estado», sólo que cada vez es más evidente que existe un Estado fallido en México, puesto que el monopolio de la fuerza está en manos criminales y el gobierno no puede responder a las demandas de seguridad de su población, bueno no pudo proteger ni a la presidente del acoso de un presunto borracho.
La mandataria debería buscar fortalecer su mandato aprobando una estrategia robusta de seguridad con enfoque de inteligencia e investigación –como mucho predica–, en la que los medios de comunicación, en lugar de pretender acallarlos, cumplan con su obligación de informar a la sociedad con libertad y veracidad, y los partidos de oposición exigen al gobierno el cumplimiento de su responsabilidad, sin ser denostados.
Ya basta de que Morena quiera arrogarse el derecho de ser la única voz del pueblo.
Cómo estará el hartazgo social que la abúlica Generación «Z» (los nacidos entre 1997-2012) lanzó la convocatoria para la marcha de protesta a efectuarse el próximo domingo 15 de noviembre para exigir la revocación del mandato de la presidente de la República.
La acusan del asesinato –por omisión– de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, debido a que, como máxima autoridad, hizo caso omiso de sus reclamos de apoyo dirigidos a la presidencia de la República, la federación, la secretaría de seguridad y protección ciudadana y el gobierno estatal.
La mandataria, por su parte, asegura que detrás de esta convocatoria están todos los antagonistas del régimen de la 4T, y adelantó que ya se investigan las cuentas en redes de quiénes están detrás de la convocatoria, y pronto dará a conocer los nombres. ¿Acaso está prohibido protestar en forma organizada?
México está de luto ante el crimen de un hombre valiente que creyó en poder evitar mayor deterioro en el clima de violencia y extorsión en que vive su amado Uruapan. Carlos Manzo es el onceavo edil asesinado en un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien se suma a la larga lista de víctimas recientes de la delincuencia.
Ni su liderazgo, ni su legítimo «Movimiento del sombrero» lograron que los gobiernos federal o estatal de Michoacán evitaran su artero asesinato presuntamente por un sicario del crimen organizado. Falta mucho para llegar al fondo.
Mejor no digan cuántos miembros de su escolta ni cuántos más de la Guardia Nacional estaban presentes, a menos que quieran exaltar la ineptitud de una veintena de elementos de seguridad que fracasaron en su misión.
Los ciudadanos, aún los agradecidos por las becas y pensiones del Bienestar –provenientes de recursos públicos y garantizadas por la Constitución–, tienen el derecho y la libertad de protestar pacíficamente el próximo domingo 15 de noviembre, y de exigirle al gobierno cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad pública y el respeto a la vida de sus gobernados.