Ciudad de México, 14 Noviembre 2025.- Por más loable que parezca, la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN para “modernizar” la Ley de Migración no puede analizarse en el vacío.
Llega en un momento en que 100 organizaciones de derechos humanos enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum una carta contundente: México debe abandonar la lógica de contención, terminar con la detención migratoria —especialmente de niñas, niños y adolescentes—, desmontar el andamiaje militarizado heredado del INM y garantizar que la dignidad humana sea la brújula real, no un eslogan político.
La propuesta del GPAN a través del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez reconoce un hecho innegable: el sistema migratorio mexicano está roto. Lo está por lento, por opaco, por burocrático y —como también señala la misiva de las organizaciones— por profundamente violatorio de derechos.
Los migrantes pasan meses o años atrapados en trámites que se resuelven con discrecionalidad, sin información clara y bajo prácticas que favorecen la corrupción y la extorsión. En muchos casos, son detenidos sin haber cometido delito alguno, bajo una lógica administrativa que se ha normalizado.
En este sentido, que la iniciativa plantee plazos máximos de 30 días hábiles para cualquier trámite migratorio, que limite la detención administrativa y que prohíba expresamente privar de libertad a NNA, es un avance legislativo incuestionable. También lo es su intento de corregir una política migratoria que confunde gestión con castigo y protección con encierro. La canalización de menores a sistemas de protección —y no a estaciones migratorias— es un mínimo civilizatorio que México lleva años sin cumplir.
Sin embargo, el contraste con la agenda urgente de la sociedad civil deja claro que estamos frente a una reforma parcial. Las organizaciones no solo exigen acelerar trámites o limitar detenciones: demandan cerrar definitivamente las estaciones migratorias para niñas, niños y adolescentes, revisar la arquitectura completa del INM, erradicar la violencia institucional y desmilitarizar la gestión migratoria que, hasta ahora, sigue dependiendo de fuerzas de seguridad para tareas administrativas.
La iniciativa del PAN reconoce el problema, pero no confronta la raíz: el modelo de control y contención que México ha construido bajo presión estadounidense. Un modelo que opera con detenciones masivas, traslados forzosos y una lógica de “gestión del flujo” que cuesta vidas y vulnera derechos. Mientras la carta de las organizaciones exige romper con este paradigma, la propuesta legislativa apenas lo bordea.
El propio diputado advierte riesgos de trata y explotación —citando cifras particularmente graves en Quintana Roo—, pero la iniciativa no incorpora mecanismos para enfrentar las redes criminales que lucran con el estatus irregular de miles de personas.
Acelerar trámites es crucial, pero sin transparencia institucional ni vigilancia independiente, la corrupción y la colusión que alimentan la explotación seguirán intactas. Ahora bien, la misiva a Sheinbaum es clara: no hay política migratoria humana sin mecanismos de rendición de cuentas del INM y sin supervisión civil efectiva.
En contraste, el discurso del diputado —“no es una iniciativa de partido, es de humanidad”— es políticamente oportuno, pero la realidad exige más que buenas intenciones. México no necesita solo agilizar expedientes. Necesita desmontar prácticas sistemáticas de detención, acabar con la criminalización administrativa, garantizar acceso a refugio y regularización sin discriminación, y alinear toda acción estatal a los estándares internacionales que —como la propia carta recuerda— México ha firmado y violado reiteradamente.
Si el país quiere realmente “poner a la persona en el centro”, como afirma un comunicado del GPPAN, debe hacerlo en serio. Eso implica ir más allá de la iniciativa y asumir las demandas profundas de quienes están en territorio, acompañando casos, documentando abusos y enfrentando, cada día, las consecuencias de una política migratoria fallida.
La propuesta del PAN abre la conversación, pero la carta de las 100 organizaciones marca el horizonte: una política migratoria mexicana que deje de ver cuerpos en tránsito y comience a ver sujetos de derechos, sin excepción y sin excusas.
Solo cuando ambas dimensiones convergen —la reforma legislativa y la transformación institucional profunda— México podrá afirmar, con legitimidad, que ha dado un paso real hacia una política migratoria digna, moderna y humanitaria. O… ¿usted cómo la ve?
ABRAZO FUERTE
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