El gobierno de Baja California, encabezado por María del Pilar Ávila Olmeda, se mantiene bajo escrutinio público luego de que salieran a la luz vínculos comerciales con empresarios asociados a personas y compañías sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La oficina del gobierno estadounidense reveló el pasado 18 de septiembre que 15 entidades y cinco individuos se encuentran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señalados por su presunta relación con el narcoterrorismo mexicano.
Alimentos y Diversión Insurgentes S. de R.L. de C.V., donde figura como socio Jorge Arturo Rojas Navarro, se encuentra entre las empresas señaladas. Además la atención del caso también recae en el empresario tijuanense José Galicot Behar, proveedor del municipio de Mexicali desde 2019 y quien también ha participado en procesos con el gobierno estatal.
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Se mantienen sociedades pese a deslindes públicos
Tras la sanción de la OFAC, organizaciones empresariales cuestionaron la relación del gobierno estatal con Galicot, a quien señalaron de mantener vínculos con Rojas Navarro. La exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue una de las figuras que mostró sus inconformidades de manera públicas.
Galicot negó cualquier relación con la empresa sancionada, aunque reconoció haber tenido sociedades previas con Rojas Navarro. A través de un comunicado emitido por Tijuana Innovadora, organización en cuyo Consejo Directivo participa, aseguró que las referencias utilizadas por medios se basaban en información “desactualizada”.
A pesar de lo anterior, una investigación de XPECTROFM muestra que ambos empresarios continúan como socios en al menos dos compañías para las cuales no se localizaron actas de asamblea que acrediten la disolución del vínculo. Registros oficiales precisan que desde septiembre de 2019, Galicot Behar, Rojas Navarro y Antonio Martorrell Muñoz conforman la sociedad Kuk Track S.A. de C.V. Galicot posee el 60 % de las acciones y funge como administrador único, mientras que Rojas mantiene el 25 % y Martorrell el 15%.
Otra empresa donde aparecen como accionistas es Kuk Lab S.A. de C.V., integrada también por otros socios. Esta compañía ha sido señalada por el Departamento de Estado y se encuentra bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunto papel en operaciones de lavado de dinero.
Empresas en la mira de autoridades de México y EU
Tanto Alimentos y Diversiones Insurgentes como Kuk Lab están relacionadas con presuntas actividades de blanqueo vinculadas al grupo criminal “La Mayiza”, operado por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, según el señalamiento estadounidense. Ante ello, la UIF bloqueó los accesos a información financiera de Kuk Lab mientras continúa su investigación.
Pese a las declaraciones de Galicot Behar sobre la inexistencia de nexos actuales con las empresas sancionadas, los registros del Registro Público de Comercio no muestran evidencia de que haya concluido su sociedad con Rojas Navarro.
Las críticas hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila han aumentado. La mandataria ya enfrentaba cuestionamientos después de que el gobierno estadounidense cancelara su visa y la de su esposo, Carlos Torres, en mayo pasado. Ahora, la revelación de tratos comerciales con empresas vinculadas a investigados por Estados Unidos incrementa la presión para que el gobierno estatal ofrezca aclaraciones sobre la relación con los involucrados.
Con información de XPECTROFM
RB