La marcha del sábado 15 ha dejado una serie de reflexiones que no pueden ignorarse si aspiramos a comprender, con madurez política, el momento que vive México. No se trata de negar la legitimidad del derecho a manifestarse, un derecho que desde la izquierda hemos defendido históricamente, sino de analizar con seriedad lo que esta movilización revela sobre los intereses y actores que hoy buscan tensionar la vida pública desde otras trincheras, luego de que las urnas, una y otra vez, no les otorgan la fuerza que han esperado.
La marcha demuestra, en primer lugar, que existe un sector que intenta construir, generar y diseminar una parte de descontento social como plataforma de presión, no desde la ciudadanía genuina, sino desde las más altas esferas del poder económico, mediático y partidista.
Se ha querido presentar la movilización como un clamor espontáneo, pero los hechos muestran que en su génesis participaron políticos, operadores partidistas y dirigentes que ya han transitado por la arena electoral y que hoy buscan, por la vía de la presión pública, lo que no pudieron alcanzar a través del voto democrático.
Otra lección de la marcha es el papel que desempeña la narrativa mediática en la disputa política del país. No podemos cerrar los ojos ante la fuerza que tienen ciertos opinadores profesionales, voceros de intereses oscuros muy específicos, que buscan magnificar cualquier diferencia o contraste para erosionar a un gobierno legítimamente electo.
Esa estrategia no es nueva. Cuando no se logra acumular poder en las urnas, se intenta hacerlo mediante la construcción narrativa de crisis, fracturas o supuestos autoritarismos que se desvanecen cuando se analizan con rigor. México vive un momento de alta participación política, no de regresión democrática, y eso incomoda a quienes antes monopolizaban las decisiones.
La marcha también nos recuerda que hay quienes temen perder el control de espacios estratégicos, especialmente aquellos vinculados al ámbito judicial. La resistencia frente a la transformación del sistema de justicia no siempre es ideológica; muchas veces es material.
Hay quienes añoran un modelo donde ante los jueces eran intocables, donde los intereses privados podían influir, mediante dinero o presiones, en decisiones que deberían permanecer en el terreno de la legalidad estricta. Y esa es, precisamente, una de las grandes lecciones, la disputa por el futuro de México también es una disputa por la ética en el ejercicio del poder.
Pero quizá lo más importante es reafirmar que, a pesar de estas tensiones, hemos construido derechos fundamentales que no están en riesgo y que seguiremos defendiendo como la libertad de expresión, la pluralidad democrática, el respeto a todas las personas, la participación ciudadana y el derecho irrestricto a manifestarse de manera pacífica.
La izquierda entiende que la crítica es parte del debate nacional; lo que rechazamos es la manipulación, la mentira deliberada y el uso de la inconformidad social como herramienta de desestabilización.
La marcha del 15 nos deja muchas lecciones, pero la principal es ésta: la transformación del país avanza no por la fuerza de un gobierno, sino por la convicción de un pueblo que ya decidió no volver al pasado. Y esa decisión, democrática y pacífica, es la que seguiremos acompañando con responsabilidad y firmeza.