SAT: lupa sobre cuentahabientes en EU, Canadá y España

Y no son cuentahabientes cualquiera quienes entraron a la órbita de inspección de Antonio Martínez Dagnino: son aquellos que, temeroso de lo que sobrevendría con el asenso de Andrés Manuel López Obrador, (no sin razón) movieron cuantiosos recursos hacia el extranjero para colocarlo fuera de la mirada del gobierno mexicano… pero cayendo en el garlito que prestigiadísimos despachos de abogados les prometieron de que su dinero quedaría bien cubierto sí lo depositasen en cuentas de bancos internacionales con oficinas en Estados Unidos, Canadá y España a través de instrumentos conocidos como Sociedades Limitadas (LP´s).
Y pues no. Ese tipo de depositante -gente adinerada pero que no suele aparecer en las listas de los más ricos y famosos- nunca pudo o quiso enterarse que esos países tienen convenios de intercambio de información financiera; hicieron sus depósitos creyendo que las LP´s, dado su bajo nivel de regulación como entidades que invierten en fondos de inversión e instrumentos bancarios les darían la ansiada privacidad propia de un “paraíso fiscal”. Pero sorpresa: esas entidades reportan automaticamente al SAT por medio del Common Reporting Standards que opera como acuerdo internacional para combatir la evasión fiscal.
Hasta donde es conocido, esos despachos habrían recomendado canalizar recursos a LP´s vinculados a BBVA que encabeza Carlos Torres, el Scotia Bank que comanda L. Scott Thomson y Santander de Ana Botín.
Ojo. Los auditores más “sospechosistas” especulan que se trató de una trama para sacar capitales de México a partir del 2018, reforzando así su liquidez aunque en el camino quedaran expuestos los depositantes mexicano que creyeron arribar al paraíso terrenal de los nulos o nimios impuestos.
La secretaría de Hacienda de Edgar Amador, se sabe, lo tiene confirmado amén de que el SAT cuenta con la información de los beneficiarios de estas cuentas y que próximamente estarán auditando intensivamente.

Nafin, autogol a los Fideicomisos
La propaganda oficial que pretende hacer pasar como “un triunfo del pueblo bueno” que los 10 mil millones de pesos depositados en14 fideicomisos del poder judicial hayan sido trasladados por Nacional Financiera hacia la Tesorería de la Federación, oculta dos graves situaciones que vulneran la fiabilidad que el modelo del Fideicomiso ha tenido para la estabilidad del sistema financiero y certeza contractual de cualquier negociación con derechos y obligaciones.
Como es sabido, esos recursos no fueron “un guardadito” sino dinero inicialmente aportado como obligación gubernamental, con aportaciones de los trabajadores e ingresos por publicaciones y otras actividades; el uso de los mismos estaba etiquetado, no se uso para cubrir gastos personales de los ministros en funciones sino para cubrir parte el personal operativo del PJF que representa más del 60% de la plantilla.
La decisión del director de Nafin Luis Antonio Pineda de transferir esos fondos a la Tesofe implicó vulnerar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial que interpusieron un amparo indirecto a la decisión oficial. EN un afán de mantener la venganza contra la todavía ministra presidenta Norma Piña, Nafin vulnera el recurso de amparo como instrumento de los ciudadanos contra decisiones autoritarias.
Y al romper la figura del fideicomiso, Nafin pone en duda su propia capacidad de ser el garante para los depósitos de todos aquellos que buscan el uso específico de su dinero… como los ahorros en Cetes Directo.
Oncológicos, una luz en la oscuridad
En medio del desastre en que se ha convertido la compra y suministro de medicamentos, materiales e insumos para la salud en hospitales y clínicas, se abrió una puerta de solución para el urgente y grave asunto de los enfermos con cáncer. El pasado 14 de abril se efectuaron mesas de negociación con laboratorios farmacéuticos -sesiones encabezadas por el titular del sector, David Kershenobich- se relance la licitación bienal de productos oncológicos.
Pero no sucede lo mismo en entidades como IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch y el ISSSTE de Martí Batres; en el primero, apenas mañana habrá una sesión con los proveedores que se quedaron colgados con contratos firmados en la fracasada licitación de Birmex y con medicamentos entregados para ver qué se puede y como hacer pagos y reelaborar el concurso. Cómo si hubiera algún historial de éxitos operativos de Svarch, pues. Y ayer, al igual que el IMSS-Bienestar en semana santa, el ISSSTE, anunció la cancelación de todos, todos, los contratos ya firmados a través de Birmex… pero aún no ofrece siquiera una ventana de diálogo para recuperar los gastos.

COFECE, herencia insepulta
Conforme los pronunciamientos de Claudia Sheinbaum, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya no debe tomar grandes decisiones pues está próximo el catafalco de las nuevas leyes con que el Congreso de la Unión extinguirá a este organismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)… y dar paso a uno nuevo organismo que intentará suplirles en el marco del TMEC.
Ojo: las reformas en materia de competencia implican un cambio estructural profundo en la regulación, con una mayor participación del estado en la organización industrial, por lo que es prudente esperar estas nuevas reglas y evitar contradicciones de gobernanza.
La comisión que abandonó fútilmente Andrea Marván dejó asuntos públicos de la mayor trascendencia como la agresión infundada contra Gruma de Juan González, el comercio digital minorista, compras públicas de material radiológico, espectáculos en vivo, corresponsales bancarios, entre otros que no pueden ser tomados a la ligera.

@mfloresarellano
floresarellanomauricio@gmail.com