El Estado Contra la Infancia Migrante
Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 4 Mayo 2025.- En los márgenes de una frontera ya marcada por el dolor, Estados Unidos ha emprendido una nueva cruzada migratoria disfrazada de protección infantil.
La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un operativo nacional sin precedentes para rastrear el paradero de 450 mil menores migrantes no acompañados que cruzaron durante el gobierno de Joe Biden. Lo que se anuncia con voz institucional como una “revisión de bienestar” se ejecuta, en realidad, como una operación de vigilancia masiva, intimidación y criminalización de la infancia migrante.
Con nuevas exigencias de huellas dactilares, pruebas de ADN y verificación de ingresos, el mensaje es tan contundente como alarmante: si eres migrante, tu humanidad está en duda hasta que puedas probar lo contrario. No basta con amar, no basta con cuidar: hay que demostrarlo con documentos, con muestras biológicas, con solvencia económica. En esta lógica perversa, el cariño se mide en formularios y el afecto en comprobantes.
Se ha invertido el principio fundamental de justicia. La presunción de inocencia ha sido reemplazada por una presunción de culpabilidad que recae, brutalmente, sobre quienes intentan proteger, no sobre quienes han causado daño. Padres, tíos, abuelos, hermanos mayores—muchos de ellos indocumentados—son tratados como potenciales delincuentes por el solo hecho de ofrecer un hogar a un menor migrante. ¿En qué momento proteger a un niño se convirtió en motivo de sospecha? ¿Qué clase de sociedad exige pruebas genéticas para validar un lazo afectivo? El Estado no está preguntando “¿estás cuidando bien de este niño?”, sino “¿quién eres tú para quererlo?”
El caso de un hombre que se hizo pasar por hermano de una niña guatemalteca para abusar de ella ha sido utilizado como bandera por las autoridades para justificar una estrategia represiva. Un caso, sí, condenable y atroz. Pero no puede ser el punto de partida para lanzar una campaña nacional que cuestiona a cientos de miles de familias. No puede convertirse en excusa para asumir que la excepción es la regla, y que todo migrante es una amenaza potencial.
El aparato federal ha comenzado a actuar con frialdad quirúrgica. Más de 65 mil denuncias han sido recibidas desde 2023, pero solo unas 450 han sido canalizadas a agentes federales. Aun así, en lo que va del operativo, ya alrededor de 100 menores han sido retirados de sus hogares, separados nuevamente de quienes les ofrecieron cuidado, refugio, estabilidad.
Lo más inquietante es el rostro real de esta “misión de protección”: visitas armadas a hogares humildes en Hawái, Virginia y Nebraska. Agentes del gobierno, con equipo táctico, irrumpen en casas donde vive el miedo, donde el inglés se habla poco, donde el pan se reparte en silencio. Interrogan a niños. Cuestionan a cuidadores. Transforman la promesa del sueño americano en una pesadilla con placa y fusil.
Desde el gobierno se defiende el operativo como una “misión crítica”. Pero, ¿desde cuándo la protección de la niñez implica tácticas de guerra? ¿Desde cuándo el bienestar infantil se garantiza con redadas?
Mientras tanto, la administración ha recortado recursos legales para los menores y ha entorpecido el sistema de patrocinio, condenando a muchos niños a quedar bajo custodia federal indefinida en refugios privados, donde el anonimato es norma y la atención, escasa. Así, niños que cruzaron la frontera en busca de seguridad, vuelven a quedar atrapados entre el abandono institucional y la sospecha sistemática.
Mary Miller Flowers, del Young Center for Immigrant Children’s Rights, lo dijo claro: estas medidas no protegen, revictimizan. Castigan a las familias legítimas. Silencian a quienes quisieran denunciar abusos por miedo a perderlo todo.
Estados Unidos está ante una disyuntiva moral. Puede seguir construyendo muros invisibles dentro de su sistema legal, o puede optar por la empatía, la justicia y la humanidad. Porque los derechos de la niñez no deben depender del estatus migratorio. Ni de un apellido. Ni del código postal.
Este no es un operativo de seguridad. Es un retroceso histórico. Un asalto al principio más básico de toda sociedad civilizada: cuidar a los niños. Y si una política pública no sabe distinguir entre protección y persecución, entonces es el momento de replantearlo todo.
Detrás de cada archivo abierto, hay un niño con nombre. Con historia. Con miedo. Y con derecho a una vida digna. Lo que esta política no ve —o no quiere ver— es que ningún documento reemplaza el calor de una familia. Ninguna prueba de ADN puede capturar lo que es un abrazo seguro.