Para poner fin “al uso criminal” del poder público por parte de Morena, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, presentó dos iniciativas para para fines partidistas. Se trata de una respuesta directa, jurídica y frontal contra el oficialismo que ha desvirtuado las instituciones del Estado y las ha reducido a herramientas de propaganda, chantaje y control político.

Ante estos abusos, el senador propone una ofensiva legal estructurada, por un lado, una reforma profunda a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y a la Ley de Austeridad Republicana, que prohibirá y castigará con penas de hasta nueve años de prisión la participación de cualquier servidor público en actos de afiliación partidista dentro de instituciones del Estado.

Y por otro, una modificación tajante a la Ley Orgánica del Congreso General, que impedirá que los grupos parlamentarios sigan utilizando las oficinas del Poder Legislativo como si fueran casas de campaña, en particular los del partido en el poder.

“La denuncia es clara: Morena ha convertido escuelas, oficinas públicas y hasta los espacios del Congreso en centros de afiliación partidista, donde se obliga a los más necesitados a entregar su dignidad a cambio de un apoyo social”, señala el senador del PRI.

“Cuando el Estado se convierte en instrumento de una causa partidista, cuando sus espacios se confunden con los de una facción política, se erosiona la frontera entre lo público y lo privado, y con ella, la esencia misma de nuestra convivencia democrática”, agrega.

“La práctica no es nueva, pero ha sido sistemática y descarada bajo el régimen actual: servidores públicos que en horario laboral promueven la afiliación a MORENA; programas sociales que se ofrecen a cambio de credenciales firmadas; y oficinas públicas que se han transformado en cuarteles del partido oficial”.