El expresidente Donald Trump ha lanzado una polémica propuesta para incentivar la autodeportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. A través de un programa impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ofrecerá un pago de $1,000 a quienes decidan abandonar voluntariamente el país utilizando la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One. Según las autoridades, esta medida busca reducir costos y agilizar los procesos de salida, aunque expertos en inmigración advierten sobre sus implicaciones legales.

El DHS indicó que el pago se otorgará una vez que se confirme el regreso del inmigrante a su país de origen, sin detallar cómo se realizará el desembolso. De acuerdo con el comunicado, ya hay registros de personas que han sido retornadas bajo este programa, como un ciudadano hondureño que salió de Chicago en un vuelo. Sin embargo, abogados consultados señalaron que esta “autodeportación” no se considera una salida voluntaria en términos legales y podría afectar negativamente cualquier intento futuro de reingreso al país.

Una de las principales motivaciones del programa, según el gobierno, es la reducción de costos: el proceso de deportación tradicional cuesta alrededor de $17,121 por persona. Utilizando CBP Home, se estima que los gastos para el contribuyente podrían disminuir hasta en un 70%. Esta estrategia también permite que los participantes sean excluidos temporalmente de la prioridad de detención mientras completan el proceso.

Pese a que el gobierno sugiere que esta acción podría facilitar una futura reentrada legal a Estados Unidos, expertos legales desmienten dicha promesa. Afirman que el sistema migratorio no contempla ninguna garantía de no consecuencias al salir mediante esta vía. Además, recuerdan que la autodeportación a través de la app no implica que se anule el historial migratorio previo del solicitante, lo cual podría representar un obstáculo en futuras peticiones.

El anuncio ha generado amplio debate entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes critican la opacidad del proceso y la falta de garantías para los participantes. Si bien el incentivo económico puede parecer atractivo para algunos migrantes desesperados, los abogados insisten en que los riesgos legales y migratorios podrían ser más costosos a largo plazo.