Concluyó este jueves el primer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por la Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos del Senado de la República, con la participación de 22 ponentes, académicos, activistas y representantes del sector,
En su participación el director jurídico y de regulación de Teléfonos de México (Telmex), Daniel Andrés Bernal Salazar, consideró que la propuesta de ley mantiene errores históricos como el concepto de preponderancia por servicios y la convergencia, es decir, mantiene sesgos.
En la práctica, ejemplificó, Grupo Televisa ostenta 33 por ciento de la participación del mercado, contra 27 por ciento que mantiene Telmex, por una restricción regulatoria absurda y que permanece en la ley analizada.
En la cuarta ronda de este ejercicio de diálogo participó Priscila Ruiz Guillén, de Artículo 19 Oficina México y Centroamérica, indicó que con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la traslación inminente de facultades absolutas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se marca un fin a la autonomía e independencia de la autoridad en estas materias.
“Es el inicio de un régimen de control, bajo la justificación de seguridad nacional y soberanía e infraestructura digital. Al no fijar límites a la concentración del poder y propiedad en telecomunicaciones y radiodifusión, se pueden perpetuar los monopolios y reducir la pluralidad informativa”, advirtió.
A su vez, el director de Asuntos Públicos de American Chamber of Commerce of México, Héctor Guillermo Bernal del Valle, manifestó que la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “Es urgente, alertó, impulsar cambios regulatorios que fomenten la competencia, ya que “en los términos en que se encuentra redactada la iniciativa es violatoria del T-MEC”, añadió.
El director adjunto de Asuntos Regulatorios de Telcel, Mario Berganza Echebarrena, habló de los artículos 57 y 18 transitorio de la ley, y dijo que, de mantenerse en sus términos, se atentará contra la certeza jurídica y la innovación, lo que “generará una distorsión que nos desincentivará las inversiones”.
La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alma Rosa Alva de la Selva, propuso reforzar el concepto de servicio público de interés general a sus diferentes expresiones y necesidades, pues ese es uno de los más grandes retos de la iniciativa de ley.
Asimismo, llamó a que la política sobre los medios públicos, la actualización tecnológica y el financiamiento no continúen como asignaturas pendientes en las leyes, ya que son temas que no se encuentran en la iniciativa.
