La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso una reforma a la Constitución de la Ciudad de México para regular el mercado inmobiliario y mitigar la crisis de vivienda. El proyecto establece límites estrictos al incremento anual de los alquileres, los cuales no podrán superar el índice inflacionario, con el fin de evitar desplazamientos poblacionales hacia las periferias.
La propuesta, enviada al Congreso capitalino, integra el concepto de “arraigo vecinal” como un derecho constitucional.
Dicha medida responde a un diagnóstico donde el precio de la vivienda en la capital se duplicó entre 2015 y 2025, situación que afecta a dos millones de habitantes que viven en inmuebles rentados y donde solo uno de cada diez jóvenes posee propiedad propia.
¿Qué plantea “arraigo vecinal” para la CDMX?
Dentro de la estructura de la reforma, Clara Brugada plantea la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios. Esta institución pública se especializará en la mediación y protección tanto de arrendatarios como de arrendadores, además de obligar a la regularización del mercado mediante el registro de todos los contratos de renta.
La mandataria aclaró que estas medidas no vulneran el derecho a la propiedad privada, sino que buscan dar certeza jurídica ante abusos.
“Seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al precio de los alquileres y en combatir la gentrificación”, aseguró la titular del Ejecutivo local.
El proyecto también ordena al Gobierno de la Ciudad ampliar de manera significativa la oferta de vivienda social para atender a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, jóvenes y mujeres indígenas.
¿La reforma pondrá freno a la especulación inmobiliaria?
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, coordinada por Xóchitl Bravo Espinosa, manifestó su respaldo total a la ruta legislativa. Los legisladores señalaron que la reforma es el preludio a la Ley de Rentas Justas y Asequibles, instrumento necesario para atajar las fallas del mercado inmobiliario que han desarticulado comunidades enteras en las alcaldías centrales.
El avance de esta iniciativa ocurre en un contexto de presión económica por la presencia de nómadas digitales y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026.
Al respecto, el vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo Emilio García González, destacó que el documento será la base legal para evitar la expulsión de familias.
La reforma será analizada en el recinto de Donceles en un periodo extraordinario o al inicio de la legislatura en septiembre.
