Una cofradía corrupta, así resonó en el Congreso de la Unión la descripción de la pandilla de jueces que protege -y ha protegido durante años- al exgobernador prófugo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Fue Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien los mencionó sin tapujos. El blindaje jurídico que mantiene libre a García Cabeza de Vaca comenzó el 30 de abril de 2021, cuando el hoy prófugo fue desaforado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

El exgobernador tamaulipeco no es el único implicado en esa serie de delitos. Figuran también José Manuel García Cabeza de Vaca (hermano), María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (madre), Mariana Gómez Leal, Evelyn Aimeé Rodríguez Garza, Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez. Contra todos ellos se emitieron órdenes de aprehensión, pero la red de protección a García Cabeza de Vaca es tan sólida y extensa, que ninguno de los coacusados ha sido detenido y todos obtuvieron amparos para evitar su captura.
El blindaje judicial a Francisco Javier García Cabeza de Vaca comenzó con el Congreso de Tamaulipas y la resolución del Ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que le garantizó fuero hasta finalizar su mandato. Pero desde entonces ha habido más, mucho más entramado jurídico y judicial para proteger al clan Cabeza de Vaca. Eso le permitió huir del país tres días antes de terminar su gestión.

La Fiscalía General de Justicia de la República solicitó la vinculación a proceso y la orden de aprehensión. Cabeza de Vaca promovió diversos juicios de amparo que le autorizó, el juez Faustino Gutiérrez Pérez (expediente número 2477/2022).

En 2024, la FGR integró una carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de que se giraron órdenes de aprehensión contra Cabeza de Vaca y coacusados, el juez Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, les otorgó amparos a todos. Eso abrió la puerta para que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se registrara como candidato a diputado federal por el PAN. Todo para obtener fuero e impunidad.

Aún como gobernador, García promovió una reforma constitucional para mantener su cuerpo de escoltas, pagados por el gobierno de Tamaulipas, más allá del fin de su mandato. Previendo que el nuevo gobierno podría retirarle ese beneficio indebido, recurrió nuevamente a su juez favorito: Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en Reynosa, su ciudad natal y de la que fue presidente municipal.

Para lograr su registro como candidato a diputado federal (2024), García presentó un poder notariado falso, dado que era público que el exgobernador vivía escondido en Estados Unidos desde antes de terminar su gestión. Por ello, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la fiscalía tamaulipeca.

Por todas estas irregularidades, más su condición de prófugo de la justicia y la existencia de órdenes de aprehensión, la Sala Superior del Tribunal Electoral lo declaró inelegible y ordenó que se registrara a un nuevo candidato. Entonces apareció otro integrante de la confradía: el juez federal Juan Fernando Alvarado López, quien desestimó la resolución de la Sala Superior y ordenó al INE registrar a García Cabeza de Vaca. Finalmente, la decisión fue revocada y el juez cesado por el Consejo de la Judicatura.
En marzo pasado, se denunció el desvío de 180 millones de pesos del fideicomiso para el fortalecimiento del C5 de Reynosa y para la adquisición de cámaras de vigilancia. Se señala como responsable a la secretaria de finanzas del gobierno de García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Arteaga Reyna. Un juez de distrito en Ciudad Victoria, determinó el no ejercicio de la acción penal, supuestamente por insuficiencia de pruebas. Lo que se sabe es que el exgobernador prófugo presionó al juez.
La definición de Gutiérrez Luna no pudo ser más precisa: una confradía corrupta de jueces a modo. Por ello, se pidió al Consejo de la Judicatura Federal analizar y sancionar la actuación de todos esos jueces. Eso está pendiente, pero se confía que tras la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial los jueces corruptos paguen por sus delitos.