Hoy, 12 años después, parece reeditar la frase. La enorme diferencia es que ahora es Presidente y tiene al Legislativo
“Que se vayan al diablo con sus instituciones” fue la consigna de un iracundo Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo el 1 de septiembre de 2006. Respondió así al fallo del Tribunal Electoral que reconoció el triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial, por apenas poco más de medio punto porcentual. Es probable que desde entonces haya marcado su relación con el Poder Judicial al que hoy fustiga.
Hoy, 12 años después, parece reeditar aquella frase. La enorme diferencia es que ahora es presidente de México y, por si fuera poco, tiene el control del Poder Legislativo.
No dudo que sería pertinente hacer una revisión a fondo de la manera en que opera el Poder Judicial. El problema es la postura que el Presidente y sus subordinados en la Cámara de Diputados y el Senado han asumido ante el Poder Judicial. El verdadero fondo del tema va más allá de cuánto ganan los ministros, magistrados y jueces. Se trata del equilibrio y la autonomía de los Poderes del Estado.
Si el fallo favorece al Presidente o su partido, entonces los jueces son demócratas y actuaron conforme a derecho. Si no, entonces son antidemocráticos y merecen su desprecio. Por desgracia, el lenguaje que estamos viendo en estos días augura que el encono continuará.
Por ejemplo, en un artículo publicado en El Universal, Pablo Gómez se refirió a los miembros del Poder Judicial como la burocracia dorada.
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