
Demandan ponentes en conversatorio incluir en la Ley de Telecomunicaciones los puntos de vista indígena y afromexicana

Representantes y especialistas de radios indígenas y afromexicanas plantearon ante senadores de la república los ajustes que consideran necesarios para atender los requerimientos de estos medios de comunicación, durante la segunda mesa del cuarto conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con el tema “El servicio público de radiodifusión”, las y los ponentes se refirieron también a rubros como concesiones de uso único, comercial, público, social comunitario, indígena, afromexicana y genérico, en el conversatorio organizado por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos.
Del Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, Mariana Karina Patrón Hernández indicó que el servicio público de radiodifusión indígena debe ser “reimaginado” bajo un enfoque interseccional, comunitario, feminista y comunitario. “Demandamos incluir en la ley a las y los comunicadores indígenas y afromexicanos, así como la creación de un fondo compensatorio”, dijo.
El presidente del Comité Nacional Permanente de Peritos en Telecomunicaciones, Jaime Guillermo Lozano Robledo, comentó que la ley debe incluir las actividades propias del perito en radiodifusión, mantener los comités de peritos como expertos del ramo, así como disposiciones que den certeza jurídica sobre los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la acreditación como experto en la materia.
De la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Elizabeth Sosa Hernández explicó que el dictamen busca evitar que las figuras de radiodifusión social concentren espectro. Sobre concesiones de medios públicos, refirió que permanece el principio de independencia editorial y participación ciudadana. Respecto a las radios comunitarias manifestó su reconocimiento y solicitó la disminución de trámites en la ley.
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que en el caso de las concesiones sociales indígenas y afromexicanos lo que se busca es que la consideración sea bajo el carácter jurídico de “sujeto de derecho público”, con la intención de evitar “tortuosos requisitos” por tratarlos como asociaciones civiles u otra figura jurídica bajo el derecho privado.