Acoso Judicial contra la prensa en 17 estados del país de acuerdo con la organización Artículo 19

La organización internacional Artículo 19 denunció este martes el “uso faccioso” de procesos legales como herramientas de censura en México para periodistas y medios de comunicación, lo que calificó como una tendencia alarmante que amenaza la libertad de expresión en el país.

De acuerdo con el informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas –28 hombres y 11 mujeres– y 12 medios de comunicación. Esto quiere decir, un nuevo proceso cada cuatro días, esta cifra supera lo documentado en cualquier año anterior.

Article 19 explica que el acoso judicial, conocido internacionalmente como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los periodistas a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas.

La organización subrayó el abuso de la figura de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG)”, originalmente creada para combatir la discriminación entre hombres y mujeres, pero ahora utilizada de manera desproporcionada contra periodistas. De los 51 casos documentados, 25 corresponden a acusaciones bajo este concepto, llegando incluso a la eliminación de contenidos y la imposición de disculpas públicas.

Hay 17 estados del país en los que hay acoso judicial documentado. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido por Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6. Entre los casos destacados, está la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, promovida por el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava; también los procesos contra el periodista Jorge Luis González en Campeche, donde un juez local incluso designó a un “interventor” para revisar sus publicaciones antes de ser difundidas.

Otro caso es el del columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House, demandados por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, y un grupo de abogados tras la publicación del libro ‘Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T’. En todos estos casos, Artículo 19 advirtió que estas acciones constituyeron un intento de censura a través del litigio.

Por esta razón, la organización pidió al Estado mexicano reformar la legislación y abstenerse de usar recursos judiciales para silenciar a la prensa. También llamó al Congreso a establecer límites claros al uso de la VPEG y derogar delitos como difamación y calumnias, considerados contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión.

Advirtieron que, de continuar esta práctica, se reducirá aún más el espacio para el periodismo crítico en México y se normalizará el uso del poder judicial como herramienta de control político.