El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó la apertura de un procedimiento para que la Asamblea General examine indicios de una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada en México.
La medida se sustenta en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se activa por primera vez en su historia, desde que se aprobó en la Asamblea General.
Según cifras de la CED, México también encabeza las Acciones Urgentes solicitadas al organismo interncional a nivel mundial, con más de 770 casos, equivalentes al 37% de todas las solicitudes presentadas ante el Comité desde 2012. Además, el país enfrenta una crisis forense con más de 72,000 cuerpos y restos humanos sin identificar distribuidos en servicios médicos y fosas comunes.
El Estado mexicano expresó su desacuerdo con la decisión, al considerar que el mecanismo previsto en dicho artículo corresponde únicamente a circunstancias excepcionales.
El anuncio del CED se da en medio de una crisis prolongada de desapariciones en México. Según datos de la Secretaría de Gobernación, existen más de 133 mil personas desaparecidas, con un promedio de 45 casos diarios en todo el país.
El INEGI y la Fiscalía General de la República registran 373 sentencias relacionadas con desaparición forzada, lo que evidencia un alto nivel de impunidad frente a la magnitud del fenómeno.
Juan Pablo Albán, presidente del CED, explicó ante la Asamblea General que la decisión se tomó después de revisar la información disponible sobre la situación en México. De acuerdo con el Comité, el Artículo 34 permite remitir el caso al pleno de Naciones Unidas cuando existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado parte.
El Comité informó que los siguientes pasos del proceso se comunicarán en los próximos días. Este procedimiento, activado por primera vez respecto a un Estado parte, representa un precedente en la historia del organismo.
En abril pasado, el CED había iniciado la primera fase del Artículo 34 tras recibir denuncias, analizar informes y revisar las respuestas enviadas por México desde 2014. La decisión también consideró las conclusiones del informe elaborado tras la visita del Comité al país.
El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, manifestó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General que el gobierno “no comparte” la resolución del Comité. Señaló que la aplicación del Artículo 34 debe basarse en criterios objetivos y reservarse para casos de carácter extraordinario.
El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en México no existe una política estatal que consienta, permita u ordene desapariciones forzadas. Según Vasconcelos, cualquier cambio en la interpretación de la Convención debe surgir de un proceso abierto y consensuado entre los Estados parte.
El representante agregó que México mantiene disposición al escrutinio internacional y que continúa colaborando con organismos de derechos humanos. Subrayó que el país ha permitido visitas y observaciones de distintas instancias de Naciones Unidas relacionadas con la materia.