El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, en entrevista al término de la sesión ordinaria de este miércoles, negó cualquier responsabilidad, pero admitió haber conocido y colaborado con Bermúdez desde hace décadas.
“Lo conozco desde hace muchos años, coincidimos en el gobierno de Tabasco, lo invité a colaborar en la Fiscalía durante mi campaña a gobernador”, reconoció el senador, tras detallar una relación que incluye servicios notariales, visitas personales y conocimiento de su trayectoria en gobiernos priistas. Aunque insiste en que no lo nombró directamente como secretario de Seguridad Pública, admite que fue él quien lo invitó al cargo en diciembre de 2019.
López Hernández negó vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y desestimó los señalamientos del Ejército, calificándolos como “hojas de trabajo” basadas en columnas periodísticas y versiones informales. “Eso lo dice usted… o lo dicen en los cafés”, respondió, al ser confrontado con averiguaciones que lo vinculan indirectamente con operaciones del crimen organizado.
El senador también se deslindó de cualquier responsabilidad en la red de concesiones aduaneras, pese a reconocer su amistad con Saúl Vera, operador señalado en el expediente del huachicol fiscal. “Es mi amigo, mi paisano, mi conocido. Lo visité en su casa, fui su notario, lo ayudé en trámites”, dijo, aunque insistió en que no tuvo atribuciones para otorgar concesiones como secretario de Gobernación.
Ante la posibilidad de que Bermúdez colabore con las autoridades, López Hernández respondió con ironía: “Pues sabe cantar, ¿no?”, y aseguró estar tranquilo ante su llegada. Reiteró su disposición a comparecer “cuantas veces se le solicite”, con fuero o sin fuero, y defendió la legitimidad de la justicia mexicana.
La entrevista revela una estrategia de deslinde institucional que convive con una red de vínculos personales, trayectorias compartidas y decisiones políticas que hoy están bajo escrutinio. Mientras Bermúdez enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y vínculos con el CJNG, el senador más cercano al presidente se mantiene en su escaño, afirmando que “no le consta” ninguna acusación.