Adiós para siempre, adiós

La salida paulatina pero definitiva de grandes corporaciones internacionales del territorio nacional marca un momento crítico en la historia económica reciente del país: no es una rotación empresarial ni una reconfiguración logística temporal, sino una declaración abierta de que México ha dejado de ser un destino confiable para hacer negocios.

En los últimos meses, el cierre anunciado de la planta de producción en CIVAC por parte de una automotriz japonesa —símbolo de la industrialización del país desde hace más de 60 años— ha estremecido a toda una región y sus cadenas de suministro. El traslado de operaciones a Aguascalientes fue presentado como una modernización interna, pero el trasfondo real apunta a la necesidad de escapar de un entorno cada vez más oneroso y regulatoriamente asfixiante.

Otro caso emblemático: la cancelación del ensamble de vehículos híbridos de una segunda automotriz en Guanajuato, que trasladará su producción a Indiana para eludir aranceles de hasta 25 % bajo las tensiones crecientes del nuevo entorno T-MEC.

Mientras tanto, empresas del sector energético abandonan discretamente el tablero: Iberdrola vendió todos sus activos a una firma con aval oficial, sellando así su retirada absoluta de un país que convirtió la inversión privada en energía en un campo minado de obstáculos legales, disputas públicas y reformas punitivas.

La retirada de una plataforma de movilidad como Cabify, que cerró operaciones en 2024 por “falta de rentabilidad”, es una señal más de cómo ni siquiera los modelos tecnológicos emergentes encuentran oxígeno en esta economía cerrada, lenta y burocratizada.

Telefónica, a su vez, ya negocia la venta de su filial mexicana a un operador menor, y Shell ha liquidado sus operaciones de gasolineras y renunciado a proyectos de exploración, frustrada por el fortalecimiento de un monopolio disfrazado de nacionalismo energético.

Todas estas salidas tienen causas comunes: un entorno de incertidumbre jurídica, exceso de controles estatales, cambios abruptos en las reglas del juego y un discurso antiempresarial que ha desincentivado la inversión.

El resultado: miles de empleos perdidos, tecnologías que se van, cadenas de valor que se desmantelan y un prestigio internacional que se erosiona día con día. El país se va quedando solo, creyéndose aún un faro de desarrollo, mientras el capital se esfuma en silencio.

El gobierno actual, atrapado en su retórica autocomplaciente y su obsesión por el control total, ha transformado la política económica en una maquinaria de expulsión disfrazada de soberanía. En lugar de construir un entorno de certidumbre, legalidad y competitividad, ha preferido erigir muros regulatorios, intervenir arbitrariamente en sectores estratégicos y criminalizar al capital privado como enemigo de la nación. Ha confundido el mandato democrático con licencia para imponer caprichos ideológicos, ignorando que el verdadero desarrollo se construye con reglas claras, instituciones fuertes y apertura inteligente al mundo. Hoy, frente a la evidencia brutal del éxodo empresarial, insiste en culpar al mercado, a las circunstancias globales o a los propios empresarios, sin asumir que es su modelo económico cerrado, estatista y autoritario el que está asfixiando la inversión, desmantelando empleos y condenando al país a una modernización fallida. La realidad es tan cruda como irrefutable: bajo esta administración, México ha dejado de ser tierra de oportunidades para convertirse en zona de riesgo. Lo que se desmorona no son sólo operaciones industriales o licencias comerciales, sino la narrativa de que México es parte activa del mundo moderno y competitivo. Estas despedidas no son un accidente ni un ajuste menor: son el epitafio de un modelo económico que eligió cerrar puertas en nombre de una autosuficiencia que no existe.

Adiós para siempre, adiós.