Washington D.C., 28 de abril. Las Consecuencias para el estado o ciudad santuario serán inmediatas, el jefe de cada departamento ejecutivo o agencia, en coordinación con el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto y según lo permita la ley, identificará los fondos federales asignados para las jurisdicciones de santuario, incluidas las subvenciones y los contratos, para su suspensión o terminación, según corresponda.

Tal es la instrucción en la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump enl aorden ejecutiva denominada “Protegiendo a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales” que publica hoy la Casa Blanca en su página oficial.

Se acusa en ese texto al gobierno de Joe Biden de permitir la entrada ilegal sin control de millones de extranjeros a Estados Unidos, con los efectos conocidos en la seguridad pública y nacional, exacerbados por la presencia y el control territorial de cárteles internacionales y otras organizaciones criminales transnacionales a lo largo de la frontera sur, así como por terroristas y otros actores maliciosos que buscan perjudicar a Estados Unidos y a su pueblo.

Esta invasión en la frontera sur exige que el Gobierno Federal tome medidas para cumplir con su obligación con los estados.

Se identificará a los funcionarios estatales y locales que continúan ejerciendo su autoridad para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes federales de inmigración. “Esta es una insurrección ilegal contra la supremacía de la ley federal y la obligación del Gobierno Federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos”.

Y se ordena que dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta orden, el Fiscal General, en coordinación con el Secretario de Seguridad Nacional, publicará una lista de los estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración (jurisdicciones santuario). Tras esta publicación inicial, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional actualizarán esta lista según sea necesario.

Inmediatamente después de cada publicación el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional notificarán a cada jurisdicción o ciudad santuario sobre su desafío a la aplicación de la ley federal de inmigración y cualquier posible violación de la ley penal federal. Y finalmente se procederá a aplicar las medidas necesaria, que van desde la suspensión de subvenciones o recursos a las jurisdicciones santuario, hasta la acusación penal de los responsables de esta “insurrección”.