Miles de productores agrícolas y ganaderos de distintas regiones del país salieron este lunes a las calles para exigir soluciones a la crisis que atraviesa el campo mexicano. Con bloqueos y concentraciones en al menos veinte estados, los manifestantes reclamaron precios justos para sus cosechas y medidas urgentes ante el aumento de los costos de producción.
Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el gasto para producir alimentos en México ha crecido alrededor de 50% en los últimos cinco años, mientras que el precio de granos básicos, como el maíz, ha caído entre 30% y 50% desde 2022, año en que alcanzó sus máximos históricos.
La movilización incluyó bloqueos parciales en carreteras de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Guerrero, entre otras entidades. En la Ciudad de México, cientos de productores se concentraron frente a Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando principalmente el establecimiento de un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz. Tras más de tres horas de diálogo, no se logró un acuerdo y algunos grupos anunciaron bloqueos indefinidos en el occidente del país.
El informe del GCMA advierte que la rentabilidad del campo ha colapsado: mientras en 2022 los márgenes superaban el 50%, actualmente apenas alcanzan el 12%. La caída de los precios internacionales, vinculada al mercado de futuros de la Bolsa de Chicago y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha afectado directamente a los productores nacionales.
En su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció la gravedad del problema, señalando que el precio del maíz “ha bajado considerablemente” y que la tendencia podría continuar el próximo año. Recordó que, durante el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, la tonelada del grano superaba los 7,000 pesos, mientras que actualmente ronda los 3,200 pesos.
El análisis del GCMA también advierte que México enfrenta competencia desigual frente a socios comerciales del T-MEC, quienes reciben mayores subsidios y garantías de precios. A esto se suma la reciente imposición de un arancel del 17% al tomate mexicano por parte de Estados Unidos, generando pérdidas adicionales para el sector.
Otro de los puntos críticos es la inseguridad en las zonas rurales, donde productores denuncian extorsiones, cobros de piso y amenazas. En las últimas semanas fueron asesinados el dirigente agrícola Bernardo Bravo, en Michoacán, y el empresario citrícola Javier Vargas, en Veracruz.
Los manifestantes demandan no solo mejores precios, sino también condiciones de seguridad y políticas de apoyo que devuelvan la confianza al campo mexicano. “Queremos producir sin miedo y con justicia”, expresaron representantes de las organizaciones agrícolas durante la jornada de protestas.