Las reformas aprobadas o en discusión en los congresos de Tamaulipas y San Luis Potosí en materia de Inteligencia Artificial encendieron la alerta de ARTICLE 19, que advirtió que los cambios al Código Penal carecen de precisión y podrían derivar en interpretaciones discrecionales que criminalicen actividades cotidianas en el entorno digital.
El colectivo sostuvo que la redacción de los nuevos tipos penales no establece con claridad las conductas que constituyen un delito, lo que abre la puerta a sanciones contra prácticas legítimas como la edición de contenidos, la creación artística o la crítica política.
En su posicionamiento público, la organización señaló que las reformas avanzan hacia la penalización sin considerar mecanismos alternativos de carácter no punitivo.
📲 Congresos de San Luis Potosí y Tamaulipas arremeten contra derechos digitales de la población.
Rechazamos la aprobación de la reforma por la cual se adiciona el artículo 187 Ter, así como los artículos 272 Ter y 272 Bis, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para… pic.twitter.com/owLwTNgG4L
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) November 14, 2025Según su análisis, esta tendencia responde más a un impulso político por “innovar” o generar impacto mediático que a una valoración técnica y jurídica sólida.
ARTICLE 19 también indicó que se trata de un patrón creciente orientado a sancionar manifestaciones relacionadas con la libertad de expresión.
Preocupan efectos en periodistas y creadores de contenido
Aunque los textos aprobados incluyen excepciones para actividades artísticas, periodísticas o de crítica política, ARTICLE 19 considera que la ambigüedad es suficientemente amplia como para permitir usos discrecionales en su aplicación.
La organización advirtió que este diseño podría favorecer actos de censura hacia contenidos incómodos, críticas al poder o expresiones culturales que recurran a herramientas digitales, incluidas las basadas en inteligencia artificial.
La inquietud se sustenta en datos recientes: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas, equivalente a un nuevo proceso cada cuatro días en promedio.
De ellos, 14 se iniciaron por la vía penal. La organización destacó que la violencia contra la prensa no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en el uso de tribunales mediante denuncias y procedimientos que aprovechan marcos jurídicos permisivos para inhibir la labor informativa.
📲 Congresos de San Luis Potosí y Tamaulipas arremeten contra derechos digitales de la población.
Rechazamos la aprobación de la reforma por la cual se adiciona el artículo 187 Ter, así como los artículos 272 Ter y 272 Bis, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para… pic.twitter.com/owLwTNgG4L
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) November 14, 2025El colectivo indicó que envió observaciones técnicas al Congreso de San Luis Potosí el 10 de noviembre, las cuales fueron rechazadas antes de la aprobación de una reforma que, afirmó, contraviene principios básicos de legalidad.
El Congreso de Tamaulipas, por su parte, analiza una propuesta similar que pretende adicionar el artículo 390 Quáter al Código Penal estatal, con sanciones que incluyen trabajo comunitario y multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización.
Delitos contra el honor reactivados en el entorno digital
El nuevo artículo contempla penalizar “insultos”, “agravios”, “calumnias”, “acusaciones infundadas” o la difusión de “información falsa” a través de redes sociales o plataformas digitales.
ARTICLE 19 subrayó que estas expresiones están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y recordó precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que críticas severas o provocadoras no deben considerarse comportamientos abusivos ni justificar persecución penal.
La organización comparó estas iniciativas con un intento de reactivar delitos contra el honor que organismos internacionales pidieron derogar.
Recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que la prisión nunca es una medida adecuada para estos casos, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, determinó que el derecho penal no es compatible con restricciones a la libertad de expresión.
ARTICLE 19 llamó a los congresos locales a abstenerse de aprobar disposiciones que utilicen el derecho penal para limitar el debate público o el ejercicio de la libre expresión, tanto en espacios digitales como fuera de ellos.
RB