Álvaro Uribe, primer expresidente colombiano condenado penalmente: 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude

En un fallo histórico que sacude el panorama político colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia penal.

La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó la sentencia tras un juicio de 67 días y más de 1,100 páginas de fallo. Además de la pena, Uribe deberá pagar una multa superior a 3,400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 822 mil dólares) y enfrentará una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos.

El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos a través de terceros.

La Fiscalía acusó a Uribe de instigar a su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios penales y dinero a tres exparamilitares —Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés— con el fin de obtener declaraciones favorables. La jueza consideró que el delito más grave fue el soborno en actuación penal, que sirvió como base para la pena, a la que se sumaron años adicionales por el fraude procesal.

Uribe cumplirá la condena en su finca de Rionegro, Antioquia, tras ser considerado apto para prisión domiciliaria por su edad (73 años) y condiciones legales. Su defensa anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 11 de agosto, alegando persecución política y falta de garantías judiciales.

El caso ha polarizado aún más a Colombia. Mientras sectores progresistas celebran el fallo como una victoria del Estado de derecho, líderes conservadores —incluido el expresidente Iván Duque— denuncian una “cacería de brujas”. El presidente Gustavo Petro pidió respeto por la independencia judicial, y el partido Centro Democrático convocó movilizaciones para el 7 de agosto.

En el plano internacional, figuras como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio criticaron el fallo, calificándolo como un “precedente preocupante” y una “militarización del poder judicial”.