Las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este sábado los dictámenes que crean la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, calificada y llamada por la oposición como la “Ley Espía”.
En reunión extraordinaria realizada este sábado, las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos aprobaron dos dictámenes a el mismo número de minutas.
Los dictámenes se votaron por separado, por lo que el relativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obtuvo seis votos a favor y dos en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, y 10 a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez.
El dictamen que crea la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así como fijar mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.
Define el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, principios, normas, instituciones, instalaciones, estructuras, técnicas, programas, políticas, procedimientos y servicios destinados a cumplir con los fines de la seguridad pública establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Avalada por mayoría integrada por los senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , la nueva Ley aprobadfa se calificó como la nueva legislación es pieza clave de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, y está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las bancadas de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron tajantemente la propuesta, al considerarla un instrumento de vigilancia masiva sin controles judiciales, que pone en riesgo la privacidad, la legalidad y el Estado de Derecho.
“Están construyendo una dictadura perfecta disfrazada de modernización”, acusó el priista Miguel Riquelme, quien advirtió que la ley permite el acceso sin restricciones a datos personales, incluyendo los biométricos, fiscales y de telecomunicaciones.
La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales fue más allá: “Esta ley obliga a la exposición de los ciudadanos, mientras otorga al poder público mecanismos de confidencialidad. Es el mundo al revés”.
Por su parte, el panista Gustavo Sánchez citó directamente el artículo 12 del dictamen, que faculta a la Secretaría de Seguridad para solicitar sin orden judicial el acceso a registros personales de cualquier mexicano. “Eso equivale a instaurar un sistema permanente de vigilancia sobre la población”, advirtió.
El dictamen plantea un giro total en el paradigma de seguridad: la inteligencia ya no será un auxiliar, sino el núcleo del aparato estatal de combate al crimen. “El país necesita inteligencia, porque un México sin inteligencia es un país ciego, vulnerable y reactivo”, señala el documento.