Santiago Amoltepec, Oaxaca.— La madrugada de este jueves 15 de mayo fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, tras ser emboscado por un grupo de civiles armados.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la madrugada en el paraje conocido como El Tablero, en las inmediaciones de la comunidad de Piedra Liza, a corta distancia de la cabecera municipal. El edil viajaba a bordo de una patrulla de la policía municipal acompañado de elementos de seguridad, luego de asistir a la fiesta patronal en la localidad de Llano de Tigre.

En el trayecto de regreso, el convoy fue interceptado y atacado por sujetos armados, lo que dejó como saldo fatal el asesinato del presidente municipal, uno de sus escoltas y su chofer. A pesar de que Hernández García fue trasladado de urgencia a una clínica en Santiago Amoltepec y posteriormente se intentó llevarlo a Teojomulco, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Este crimen ocurre tan solo cinco días después del asesinato de David Castillejos Cruz, regidor de Educación del mismo estado, lo que ha encendido las alertas por la creciente violencia política en Oaxaca, particularmente en comunidades de alta conflictividad territorial y social.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya se ha abierto una carpeta de investigación y que peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron al lugar para realizar los trabajos correspondientes. Asimismo, se indicó que se buscará el apoyo de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona.

Mario Hernández García era considerado un líder comunitario cercano a su población. Diversas organizaciones sociales y representantes políticos han condenado el asesinato, y el partido Morena, al que pertenecía, expresó sus condolencias públicamente a través de redes sociales.

Hasta el momento no hay detenidos por este crimen y las autoridades no han dado a conocer posibles líneas de investigación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han pedido que el caso no quede impune y exigieron protección para otras autoridades municipales que pudieran estar en riesgo.

Este hecho subraya el clima de inseguridad que enfrentan los funcionarios públicos en regiones rurales de México, especialmente en el contexto electoral y de reorganización política nacional.