La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien había sido secuestrada de su hogar en el municipio de Nanchital, el pasado 2 de junio. Tras un mes de intensas búsquedas, las autoridades informaron que el caso está siendo procesado bajo el cargo de homicidio doloso calificado. Sin embargo, diversas organizaciones civiles han levantado la voz para denunciar que esta tipificación ignora las agresiones de género inherentes a su condición de mujer y comunicadora.
Agrupaciones como la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) manifestaron su rechazo ante la postura oficial. Mediante un posicionamiento público, argumentaron que las fiscalías locales deben aplicar obligatoriamente una perspectiva de género e interseccionalidad al investigar crímenes contra informadoras, asegurando que clasificar el acto simplemente como un homicidio común invisibiliza los riesgos diferenciados que ellas enfrentan en la región.
El hallazgo y los arrestos en el caso
El avance en las investigaciones se dio tras la captura de un sujeto conocido bajo el alias de “Delta 7”, identificado como José del Carmen Cadena Escayola. De acuerdo con el reporte oficial, su detención facilitó la ubicación de un rancho donde los delincuentes ocultaban los restos de la víctima. Además de este líder operativo, las fuerzas del orden capturaron a tres civiles implicados de forma directa y a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados por proveer soporte logístico a la célula criminal.
En este despliegue de seguridad participaron elementos de la Marina y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE). Pese a la desarticulación de este grupo, la indignación social persiste debido al violento contexto que precedió al trágico desenlace de la comunicadora.
Violencia de género y rechazo a la revictimización
Guzmán Ramírez dirigía el medio digital Pulso Informativo del Sureste, proyecto que fundó a su regreso al estado en enero de 2026, tras haber huido años atrás debido al asesinato de su esposo en 2017. Los colectivos defensores de los derechos humanos lamentaron que el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, descarte reiteradamente la existencia de un patrón de violencia focalizado contra la prensa veracruzana.
Las organizaciones instaron a detener cualquier intento de estigmatización que pretenda responsabilizar a la víctima por su destino. Al mismo tiempo, exigieron que la cobertura sobre el suceso evite la revictimización y respete plenamente la dignidad de sus familiares, recordando que el Estado mexicano mantiene la deuda de garantizar justicia, verdad y reparación integral en un país que sigue figurando entre los territorios más peligrosos para el ejercicio periodístico.
